Vuelta en U

Una vuelta en U es una maniobra que se ejecuta cuando el camino que se tomó ya no lleva a ningún lado. No es un accidente ni una improvisación, sino el reconocimiento, a veces tardío, de que hay que cambiar de dirección. La presidenta Claudia Sheinbaum recién anunció que dará otra vuelta en U.

La semana pasada anunció que México evaluará la fractura hidráulica, técnica conocida como fracking, para extraer gas y petróleo atrapados en el subsuelo. No pronunció la palabra fracking en su mañanera. En cambio, habló de soberanía energética, de la dependencia europea del gas ruso, del riesgo geopolítico de importar lo que se podría producir en casa. Esta semana presentará un grupo de expertos para evaluar enfoques "sustentables" de una técnica altamente controversial por su impacto ambiental.

En este contexto, el anuncio de un grupo de expertos es tanto una herramienta política como técnica. La pregunta no es si México hará fracking, sino cómo construir el consenso suficiente para hacerlo sin que la presidenta pierda las credenciales ambientalistas que la distinguen.

Para quienes seguimos el sector, el anuncio no fue ninguna sorpresa. El Plan Estratégico de Pemex, publicado en agosto del año pasado, ya lo anticipaba. Lo que tiene valor, sin embargo, es que se admita en voz alta, y que el Ejecutivo muestre disposición para recalibrar, aunque el argumento público llegue envuelto en el tono didáctico de la mañanera —una pedagogía que dosifica a conveniencia.

Hay dos razones claras para dar una vuelta en U en el sector de hidrocarburos. La primera es la dependencia energética. México importa gas natural de Estados Unidos porque producirlo localmente es más caro. Esa dependencia es una vulnerabilidad estructural, y el contexto internacional, con la guerra en Medio Oriente, ofrece el encuadre perfecto para justificar el giro. La segunda razón es que la producción de hidrocarburos en el país lleva décadas en declive. El fracking no sólo abre la puerta al gas; también al petróleo atrapado en formaciones no convencionales. Un gobierno declaradamente nacionalista y que ha hecho de la soberanía energética su bandera difícilmente querrá cerrar el sexenio consolidando a México como importador neto. La presión regional tampoco ayuda. Con proyecciones de 1.7 millones de barriles diarios para 2030, Guyana amenaza con desplazar a México en el mapa petrolero latinoamericano.

Con todo, el problema no es la decisión en sí misma, sino su ejecución. Pemex no tiene ni el capital, ni la tecnología, ni el músculo operativo para llevar a cabo un programa de esta escala. La propia Secretaría de Energía ha reconocido en distintas ocasiones que son años críticos para las finanzas de la empresa. Casi la mitad de su deuda vence durante esta administración y el margen para inversión nueva es muy estrecho. Para hacer fracking a escala se necesitan socios privados. Y los socios privados requieren reglas claras, certidumbre regulatoria y condiciones de retorno. Hoy, nada de eso está sobre la mesa, al menos no completamente ni con claridad suficiente.

El escenario de riesgo es fácil de imaginar. Se instala el comité, se diseña un marco regulatorio y se perforan algunos pozos piloto antes de 2028. Las comunidades donde están los yacimientos se oponen. El servicio de deuda de Pemex sigue devorando el espacio fiscal que haría falta para una apuesta de verdad, los privados ofrecen asistencia técnica pero no capital, y para 2030 la producción no convencional sigue siendo una promesa.

Al margen de las divisiones que este tema inevitablemente genera, la voluntad de recalibrar merece reconocimiento. En materia energética, como en seguridad, este gobierno ha demostrado mayor pragmatismo que el anterior. Pero el pragmatismo sin condiciones de fondo es un paliativo. Una vuelta en U puede corregir el rumbo, o puede convertirse en una maniobra ejecutada a medias, que deje al país exactamente donde empezó: con menos tiempo, menos margen y más presión.