La Cultura de la Paz, incertidumbre Jurídica

“La ley no ha sido instituida para ser un instrumento de opresión”, Montesquieu.

Algo que no puede ignorarse es el deseo del mexicano de vivir en libertad, ni tampoco el avance sistemático de la distorsión del marco constitucional y legal impulsado por el oficialismo a través de su proyecto económico y político, cuyo propósito parece ser restringirla e imponer controles de toda índole para concentrar el poder. Este proceso va desmantelando lo poco que queda del país.

Una de las consecuencias más perjudiciales de esa destrucción es la creciente incertidumbre jurídica en todos los ámbitos de la vida nacional. La falta de claridad y estabilidad normativa erosiona la confianza en las instituciones públicas, y la imposición arbitraria de medidas, determinadas más por intereses políticos o personales —incluso caprichosos— agravan el problema. Ejemplo de ello son las recientes y humillantes sanciones de censura impuestas a periodistas y ciudadanos por autoridades, principalmente electorales, en abierta contradicción con la Constitución.

Además, se desincentiva la inversión privada mediante regulaciones que obstaculizan su participación o, en el mejor de los casos, elevan sus costos al exigir que se adapten a normativas ambiguas o cambiantes. La salida de empresas como Iberdrola, motivada precisamente por esta incertidumbre jurídica, podría ser apenas el inicio de una fuga más amplia de capitales.

Otras alteraciones incluyen la reducción de derechos civiles, que dificultan a los ciudadanos hacer valer sus garantías, el incremento de conflictos judiciales que saturan tribunales, y la inminente complejidad adicional que supondrá el relevo de juzgadores y personal especializado a raíz de la fraudulenta elección realizada en atención a la reforma judicial.

La extorsión incide de manera significativa en la generación de incertidumbre jurídica, lo que repercute negativamente en la producción de bienes y servicios, debilita el comercio y socava la autoridad institucional.

Cuando las normas se perciben como inestables o manipuladas, también se debilita la participación ciudadana y la cohesión social. Se erosiona la convivencia armónica y se daña la cultura de la paz.

La Ciudad de México no está exenta de la incertidumbre jurídica, así lo revela –entre otras medidas- la postura de la jefa de gobierno ante el proceso de gentrificación. Su propuesta de restringir el uso y disfrute de la propiedad inmobiliaria privada sólo desincentivará la construcción y oferta de vivienda en renta. Además, ha propiciado un clima de violencia en manifestaciones donde han aparecido pandillas como el llamado "bloque negro", responsables de daños a propiedad pública y privada, cuyas acciones parecen contar con tolerancia —cuando no respaldo— de actores del oficialismo. En la más reciente marcha contra la gentrificación, la policía intentó contener el vandalismo, pero entre los daños figura el saqueo de una taquería.

No es aceptable culpar a extranjeros ni a la clase media por la gentrificación, fenómeno que responde, en gran medida, al desorden y a la falta de visión del gobierno local. A diferencia de la ocupación irregular de inmuebles y del espacio público —práctica aparentemente alentada por el oficialismo—, la gentrificación no es ilegal ni constituye despojo.

Conviene recordar que la decisión caprichosa del anterior inquilino de Palacio Nacional de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, tirando por la borda cientos de millones de pesos que seguimos pagando, frustró la creación de un polo de desarrollo inmobiliario en el oriente de la ciudad. Este habría incluido la edificación de vivienda asociada a fuentes de empleo formal.

Los resultados decepcionantes de las políticas sociales y económicas del gobierno, así como la frivolización de la creciente violencia y menosprecio a sus víctimas junto al desmantelamiento de las instituciones democráticas, deben motivar a la sociedad a recuperar la certeza jurídica. El manto de la impunidad no protegerá eternamente a los oficialistas, quienes ni siquiera respetan su propio “código de valores”.

A pesar del debilitamiento del tejido social y del daño causado por la polarización y la ostentación que caracterizan al oficialismo, la recuperación es posible. Es indispensable que, como república, asumamos que el ejercicio legítimo del poder y el progreso verdadero se sustentan en la verdad, el respeto, la concordia y una auténtica cultura de la paz.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

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