La Cultura de la Paz, 1º de junio de 2025

“Los jueces no somos electos popularmente, ni debemos serlo… nuestra función se contrapone a la búsqueda de la aprobación de las mayorías.” Arturo Zaldívar Lelo de la Rea

La ejecución de la venganza del expresidente para destruir el Poder Judicial quedará en la memoria de la democracia mexicana, como una mancha en la historia.

Tristemente en México el pluralismo nulificado y los partidos de oposición minimizados carecieron de la potencia y –sobre todo- de la voluntad para evitar el avance en la destrucción de la República y de sus instituciones democráticas.

El 15 de septiembre de 2024, con los supuestos propósitos de “mejorar el Poder Judicial, que la justicia llegue a todos, y que no haya corrupción”, el antecesor de la presidenta expidió el decreto de su reforma judicial aprobada en un proceso legislativo viciado de origen por una mayoría calificada amañada e inconstitucional. Como testigo de honor en la firma del referido decreto, la mandataria actuó con la misma irracionalidad que su jefe.

La polémica reforma no sólo no nos acerca a ser el país más democrático del mundo, nos convertiremos en el primer y único país del mundo en someter a elección popular a todos los juzgadores. Dejará el Poder Judicial de ser garante de los derechos individuales.

De un plumazo se dinamitó el sistema de equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el Legislativo ya estaba doblegado, con un muy elevado costo político y económico para los mexicanos. Sus alcances destructivos serán expansivos. Todos los juzgadores federales y locales serán destituidos de sus cargos y serán reemplazados por quienes sean “electos” mediante un esquema amañado y único a nivel mundial que también implicará la reducción de derechos civiles, como los efectos generales del amparo.

En las "elecciones" judiciales federales, marcadas por el mayor de los desaseos e irregularidades, cada votante enfrentará un confuso proceso: recibirá seis boletas para elegir 37 ministros, magistrados y jueces de entre listas que suman 3,423 candidatos desconocidos, para 881 cargos cuyas funciones y naturaleza le resultan ajenas. Un verdadero galimatías. Se votará a ciegas por candidatos ya escogidos por el oficialismo, orientados con acordeones preparados y distribuidos para inducir a la trampa. La ciudadanía será utilizada para dar una muy barnizada de democracia a la farsa del oficialismo.

Conforme a las proyecciones se calcula que voten aproximadamente 5 millones de personas. Se tendrían 30 millones de boletas, cada una con 37 opciones, es decir 1,110 millones de votos que no contarán los ciudadanos acreditados en las casillas, sino por poco más de 25 mil empleados distribuidos en los 300 consejos electorales federales, en lo oscurito. Las boletas no utilizadas no se cancelarán. Todo ello sin contar las elecciones judiciales en 19 entidades federativas, que utilizarán el mismo modelo.

¡Todo listo para para el gran sainete!

La reforma judicial que se comenta tiene semejanzas con la demolición de la justicia que se impuso en la Alemania nazi para someter a todos los poderes a la tiranía.

El Estado de derecho alemán, que se caracterizaba por el respeto de la autoridad al derecho, la igualdad de todos ante la ley y el respeto a los derechos individuales, fue destruido por el nazismo. Dentro de esos derechos estaba el de la libre expresión que se cambió por una feroz censura, como la que se pretende imponer en México.

A los juzgadores se les obligó a interpretar la ley con una orientación que colocara los intereses vitales del nazismo por encima de lo que estableciera el derecho positivo.

Como una exigencia de esa era dictatorial se pretendió que juzgadores, fiscales y abogados actuaran a favor del régimen de manera coordinada en todo juicio ya que, según los nazis, los procesos judiciales ya no representaban conflictos entre los intereses individuales y los del Estado. Se logró, inclusive, que los defensores escogidos en el denominado “Tribunal del Pueblo”, órgano jurisdiccional creado a modo paralelo a la Corte Suprema, pronunciaran con frecuencia discursos contra sus defendidos y propusieran que se les declarara culpables. Imperó el criterio de que la aplicación de la ley no era para proteger a la persona del Estado, sino para proteger al Estado de la persona.

El afectado fue el pueblo alemán que se vio privado de sus más elementales derechos, especialmente de su derecho a la justicia, situación que fue superada al ser vencido el nazismo en mayo de 1945, al menos en la parte que ocuparan los países aliados de occidente, y completamente hasta la reunificación de Alemania, a partir de octubre de 1990.

En México, el régimen autoritario someterá a los poderes judiciales. Se verán forzados a un grave servilismo frente a un Poder Ejecutivo intransigente y antidemocrático.

La reforma judicial, redactada sobre las rodillas que no leyeron ni quienes la aprobaron, no partió de una evaluación seria de los problemas de la justicia como un todo, sólo trastoca su administración, se ignoró su procuración y a las policías.

Se trata de una abolición del Estado de derecho como ocurrió en la Alemania nazi, la Unión Soviética y en la China de Mao, y ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Muchos de los aspirantes a los cargos en juego, sin la menor experiencia judicial y con una endeble formación profesional, están vinculados a organizaciones criminales y a otros factores reales de poder. Desde luego hay candidatos bien preparados y experimentados con carrera judicial que nadie les garantiza su victoria. Todos se vieron obligados a hacer campañas y abundaron quienes, además de hacer el ridículo, hicieron ofrecimientos ajenos a la función jurisdiccional.

Entramos a una muy grave y destructiva etapa, exacerbada por la apatía, dejadez e ignorancia de una vasta mayoría, a la que no le importa lo que está ocurriendo a la vista de todos, como si su ignorancia o desdén los protegiera de las consecuencias de la catastrófica demolición del Estado de derecho que impulsa el oficialismo desde 2018.

En elecciones legítimas, salir a votar es imperativo, pues el abstencionismo se traduce en que otros decidan por nosotros. Pero en este caso, para muchos, votar se traduciría en legitimar la reforma implantada ilegal y abusivamente y validaría la peor y más peligrosa farsa oficialista.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd

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