Corralones: Los estacionamientos más caros de México

En México, hay una infraestructura urbana olvidada, costosa y que opera como una bomba de tiempo económica, social y ambiental: los corralones. Lejos de ser simples depósitos temporales de autos y motocicletas, los corralones de las principales ciudades del país se han convertido en estacionamientos millonarios sin retorno. Miles de vehículos abandonados permanecen durante años, ocupando espacio, generando costos de almacenamiento, contaminando el ambiente y representando un problema de gobernanza que nadie parece querer asumir.

En ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, los corralones públicos y concesionados almacenan decenas de miles de autos y motocicletas olvidados. Muchos llegaron tras infracciones menores, accidentes o aseguramientos judiciales. Sin embargo, el verdadero problema comienza cuando esos vehículos dejan de ser reclamados.

El costo de resguardarlos no es simbólico. Según la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUA), cada vehículo genera costos diarios por el espacio, vigilancia, deterioro y trámites burocráticos. Cuando estos autos no son reclamados, el gasto lo asume indirectamente el concesionario, el gobierno y, finalmente, el contribuyente. Se estima que hay más de 150 mil vehículos en esta situación en todo el país, lo que representa una pérdida acumulada superior a los 1,500 millones de pesos.

Los motivos por los que los propietarios no recuperan sus vehículos son variados: el costo de las multas y los derechos de piso supera el valor del auto; en otros casos, los dueños no tienen los documentos necesarios o simplemente se desentienden. A esto se suma un problema estructural: procesos legales lentos, normas confusas y una total falta de coordinación entre autoridades locales y estatales.

Un estudio de la Cámara de Diputados reveló que menos del 10% de los vehículos ingresados a corralones por infracciones menores es recuperado dentro del primer año. El resto se queda varado indefinidamente, generando pérdidas logísticas, financieras y urbanas.

Más allá de la pérdida económica, los corralones también son un foco de contaminación ambiental. Autos abandonados por años liberan líquidos como aceite, anticongelante y gasolina que contaminan el suelo. También se convierten en criaderos de fauna nociva o puntos de acumulación de basura. En temporadas de calor o lluvias, los riesgos se multiplican, especialmente en zonas sin mantenimiento adecuado.

Las autoridades ambientales han señalado que muchos corralones no cuentan con sistemas adecuados de contención de residuos ni control de emisiones. Esto convierte a estos espacios en microzonas de riesgo ambiental, a menudo invisibles para la ciudadanía, pero con un impacto tangible.

Los efectos del abandono vehicular no se limitan a los corralones. En las calles de Iztapalapa, Ecatepec o Tlaquepaque, miles de autos en desuso permanecen en la vía pública sin que nadie los reclame, obstruyendo el tránsito, restando espacio urbano útil y siendo utilizados en ocasiones como refugio para delitos menores.

Además, existe una falta de políticas de aprovechamiento del espacio recuperado. Mientras los autos se oxidan, miles de jóvenes no tienen áreas deportivas, adultos mayores carecen de espacios peatonales seguros, y emprendedores no encuentran zonas habilitadas para negocios. Cada auto olvidado es una oportunidad perdida.

El gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones como el programa de chatarrización, que ha retirado más de 33 mil vehículos de las calles. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta trabas legales: muchos autos no pueden ser destruidos sin una resolución judicial, lo que puede tardar años.

La propuesta de Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRUA) es clara: modificar la Ley General de Bienes Nacionales para que los vehículos abandonados por más de 24 meses puedan ser reciclados o subastados, con lo cual se recuperarían materiales, se liberarían espacios y se reduciría el impacto financiero. Esta reforma aún no ha sido aprobada, aunque ya cuenta con respaldo de algunos legisladores.

También es necesario digitalizar los registros vehiculares, establecer una ventanilla única para trámites y aplicar sanciones a quienes, deliberadamente, abandonen sus vehículos. De lo contrario, el problema se perpetuará.

Los corralones son, en la práctica, una deuda silenciosa que pagamos todos: por cada vehículo abandonado, el Estado asume un costo en espacio, vigilancia, impacto urbano y daño ambiental. Y como ocurre con muchas deudas públicas invisibles, su costo crece con el tiempo, mientras la atención política se diluye.

Si se tratara de un estacionamiento privado, nadie pagaría por dejar su coche años sin moverlo. Pero en este caso, el descuido es colectivo, la responsabilidad difusa y la factura, inevitable.

Ya es hora de entender que lo que ocurre en los corralones no es un problema menor ni anecdótico. Es un reflejo de la ineficiencia estructural en la gestión urbana y administrativa. Resolverlo podría significar no solo recuperar millones de pesos, sino también espacio, dignidad urbana y sostenibilidad.

*La autora es académica de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.

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