Operación Limpieza, más que un compromiso del gobierno

Es innegable la falta de confianza de los ciudadanos en un verdadero Estado de Derecho y en las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública. Resulta evidente la indignación generalizada ante la corrupción y la ineficacia que ha sumido a todo un país en el temor de perder en cualquier momento su libertad, su tranquilidad, el producto de su esfuerzo y trabajo diario con la sensación de que no hay quien frene a los que, a través de la delincuencia, han secuestrado la paz en México.

Es verdad que los problemas de seguridad en el país no se pueden resolver de manera sencilla y por decreto. La solución es una cuestión de leyes, pero también de personas, de garantizar que la ley se cumpla y de actuar de manera inmediata para la construcción de una patria más segura y más justa.

Las acciones y políticas públicas encaminadas a resolver el problema de fondo no podían retrasarse más, por lo que, desde julio del 2008, la Procuraduría General de la República dio inicio a la Operación Limpieza. Una estrategia que en palabras del procurador, Eduardo Medina Mora, responde a una instrucción presidencial y tiene como objetivo combatir la corrupción y el crimen organizado a través de sistemas de control de confianza aplicados a todos los servidores públicos adscritos a la policía y procuración de justicia.

Desde un punto de vista simplista, esta táctica no es sino una réplica de otros muchos intentos fallidos para limpiar la casa , en los que se realizaba una impresionante y mediática cacería de brujas sin lograr al final extirpar el cáncer. Sin embargo, desde su arranque a la fecha, la PGR ha sujeto a proceso penal a dos exdirectivos de la SIEDO, a un excomisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y a varios agentes federales; arraigó a un exzar antidrogas de la PGR, dos exdirectores generales de Interpol México y a un subinspector de la PFP.

Acusados todos de filtrar información confidencial en contra del crimen organizado. La primer gran sorpresa fue justamente el arraigo de Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Asuntos Policiales Internacionales, y después la detención del exfiscal Antidrogas, Noé Ramírez Mandujano.

El problema estaba identificado desde hace años, pero hacía falta asumirlo y enfrentarlo. No se trata de un despliegue de violencia sin sentido ni objetivo por parte del gobierno, es tal y como lo dijo el presidente Felipe Calderón: Poner a disposición de los mexicanos órganos de procuración de justicia y seguridad totalmente confiables .

Los datos hablan por sí solos, en comparación con la administración pasada, las extradiciones se incrementaron en 30%, tan sólo del 1 de diciembre al 15 de noviembre del 2007 se registraron 89.

Durante el año antepasado se asestaron golpes significativos al crimen organizado al capturar líderes de varias organizaciones; fueron detenidos más de 22,000 presuntos delincuentes y más de 11,000 armas. En ese mismo año se llevó a cabo el decomiso histórico de 23,500 kilogramos de cocaína, es el decomiso más grande de cocaína en la historia del combate al narcotráfico.

Es importante destacar que el esfuerzo va encaminado también a la prevención y por ello se han implementado programas importantes, como lo son: Limpiemos México, Escuela Segura y Rescate de Espacios Públicos; todos ellos con el propósito de atacar el problema de la inseguridad y la delincuencia desde la raíz, para proteger a las comunidades y sobre todo a los jóvenes y niños.

Sanear al Estado sin temor y con mano firme requiere también de una sociedad organizada y vigorosa capaz de encontrar la paz y la libertad a través de una lucha frontal, comprometida y coordinada.

El Estado es fuerte, la tarea no es sencilla pero aún somos más los que trabajamos por una democracia operante y un México con futuro, somos más los que le apostamos a correr los riesgos de la acción para atacar todo aquello que ponga en peligro la estabilidad del Estado de Derecho y de la sociedad mexicana.

*Diputado federal.