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Desgobierno criminal
Nadie puede ver como normal que un gobierno que tiene un presupuesto anual de 4 billones de pesos tenga que pedirles a los ciudadanos que donen cobijas.
La respuesta al sismo del 19 de septiembre dejó varios símbolos: el puño en alto, la imagen de un soldado llorando, la perrita Frida... y el tuit de la Presidencia de la República en el que pedía cobijas, lápices y lonas para ayudar a los damnificados.
¿Por qué destacó ese tuit en medio de un entorno con tantos mensajes? Porque confirmó lo que muchos ya pensaban o sentían: que ante la crisis, el gobierno en vez de agrandarse se achicó, y que la respuesta social no sólo fue por generosidad, sino por la plena conciencia de que si no lo hacía la población, no lo iba a hacer el gobierno.
Las pruebas están a la vista. Pues si bien hubo una notable, destacada y efectiva presencia de partes del gobierno como las Fuerzas Armadas, hubo otras que nunca se vieron, como aquellas que tenían la estratégica tarea de coordinar la respuesta ante la emergencia en los 38 edificios derrumbados.
O cómo entender, por ejemplo, que el equipo necesario para rescatar vivas a las personas atrapadas dependiera de la solidaridad ciudadana. ¿Cuántas veces no se publicó en redes sociales que hacían falta herramientas para cortar concreto o varillas de cierto grueso como si eso fuera algo que los ciudadanos tuvieran guardado en su despensa? Las grúas, los equipos especializados y todo aquello que era clave para avanzar en los rescates no estaba donde se necesitaba porque no existió una autoridad que administrara los recursos para las zonas afectadas.
Y si en algunos casos llegaron los materiales, fue por la respuesta de ciudadanos y de algunas empresas que voluntariamente lo hicieron. No porque un gobernante coordinara en una sola mesa a todas las constructoras de la ciudad que tenían el equipo necesario para salvar vidas. Y eso es de una irresponsabilidad criminal.
Porque una cosa es que fueran necesarios cientos de personas para remover escombros o llevar comida a los voluntarios, y otra muy distinta que se pretenda que los ciudadanos hagan el trabajo de los gobernantes. Primero, porque no se tiene la formación para ello; segundo, porque la ciudadanía no es autoridad para obligar a otros a responder, y tercero, porque no se tienen los recursos que el gobierno recibe mes con mes con el pago de los impuestos.
Por eso es que el tuit de Presidencia fue tan doloroso. Porque nadie puede ver como normal que un gobierno que tiene un presupuesto anual de 4 billones de pesos tenga que pedirles a los ciudadanos que donen cobijas. ¿Pues entonces en qué se va nuestro dinero?
El mensaje de la Presidencia logró lo que no había pasado hasta ese momento: conectar el enojo por la corrupción con la pobre respuesta ante el temblor. Porque si bien el gobierno se había vuelto irrelevante, con ese mensaje se construyó un puente entre las dudas sobre el manejo de los recursos públicos y la capacidad de hacer frente a la emergencia.
El tema es grave y hay muestras de que se contagia. Ahí está como prueba un tuit de la delegación Iztapalapa en el que días después del temblor pedía que los ciudadanos donaran agua para ayudar a la población, como si fuera una atribución ciudadana la construcción de infraestructura para llevar ese servicio.
No, señores gobernantes, los ciudadanos podemos y debemos ser solidarios, pero no estamos ahí para hacer las tareas que les tocan a ustedes. Porque sólo los gobiernos tienen todo lo necesario para planear y gestionar eficientemente los recursos que les estamos entregando.
El descrédito de la política y la euforia por la solidaridad ciudadana pueden llevarnos a pensar que no necesitamos a los gobernantes. No nos equivoquemos. Sí los necesitamos, sólo que a unos que entiendan para qué están ahí y que cumplan con el mandato que les hemos dado.