¿Cuál será el papel de las fuerzas armadas?

Cada vez que se pregunta a un político cuál será el papel de las fuerzas armadas en el proceso electoral o en la vida pública futura, indefectiblemente contestan que tenemos cuerpos militares obedientes de la Constitución. López Obrador y grupos de priistas y morenistas llegan a decir que son un ejército “emanado del pueblo”; la idea es manejada por todos los representantes de los partidos políticos.

Sin embargo, nunca como ahora la pregunta que encabeza este artículo es válida en gran parte porque las condiciones han cambiado en los últimos 20 años. Echemos una mirada a vuelo de pájaro al siglo XIX en nuestro país. En el recomendable libro Desiguales, de Diego Castañeda Garza, se señala que en alguna época de ese siglo el Ejército llegó a tener el control del 80% del presupuesto. Fueron momentos en que el poder civil se encontraba en un estado de debilidad extrema. 

Porfirio Díaz llegó a cambiar la situación y posteriormente los gobiernos posrevolucionarios lograron sacar al Ejército de las decisiones políticas mediante una hábil combinación de leyes, disciplina y acuerdos. Durante décadas, las Fuerzas Armadas (FA) se dedicaron a tareas básicas: ayuda a la población en casos de desastres y vigilancia de fronteras y mares. Por supuesto, no se puede omitir el hecho de que también fueron utilizadas para reprimir movimientos radicales. Se puede argumentar que obedecían órdenes, pero había un límite. No se les puede exonerar de hechos como la represión del 2 de octubre y el combate a movimientos guerrilleros y sociales en donde se violaron leyes y derechos humanos.

No obstante, el Ejército siguió fuera de las decisiones políticas. Esto descansaba en ciertas condiciones: una estructura legal que les impedía ser candidatos o estar adscritos a algún partido político mientras estuvieran en activo, un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas para no convocar a las FA más allá de ciertas funciones y recursos suficientes, pero no excesivos, para los militares. Por supuesto, nada de involucrarlos en tareas que les dieran un mayor poder. 

En este escenario, no se puede culpar a AMLO de haber iniciado el involucramiento de las FA en tareas que no les correspondían. Desde que las bandas criminales comenzaron su ascenso, los gobiernos priistas echaron mano de los militares, pero siempre en misiones muy delimitadas. El dudoso honor de haberlos sacado completamente de los cuarteles le correspondió a Felipe Calderón, estilo que continuó con Peña Nieto. Muchas veces se indicó que no había un marco legal para utilizar las FA en tareas de seguridad, además de que no estaban capacitadas para ello, pero no les importó a los gobiernos.

No deja de ser paradójico que aquellos que más protestaron por la “militarización” del país en épocas de Calderón y Peña, sean ahora los que han llevado a soldados y marinos a un nivel no visto desde los años veinte del siglo XX. No solo los han involucrado en tareas varias que incluyen construcción, administración, compras, manejo de camiones, sino que han cambiado la ley para permitirles una independencia de los órganos civiles de justicia. Rompieron por la puerta grande el pacto de no darles mayores funciones y les han dado recursos cada vez mayores. Los han empoderado.

Adicionalmente, militarizaron un cuerpo que debía haber sido civil, la Guardia Nacional, y no han aportado un peso para consolidar las policías estatales y municipales. Los militares ahora están conscientes que el poder civil los necesita ante el avance del crimen organizado y fenómenos sociales que han rebasado las posibilidades de atención de las instituciones civiles, por ejemplo, la migración. 

Existen evidencias de que al menos una parte de los mandos superiores se han posicionado a favor de MORENA o en asuntos de esta organización: propaganda en aeropuertos controlados por militares, asistencia a eventos políticos, enriquecimiento con obras públicas, entre otros elementos.   

Se dirá que el gobierno mexicano es fuerte, pero no es así. Sin el concurso de las FA está en un estado de gran debilidad: no tiene suficiente personal para tareas que son normales gracias a los recortes y despidos de los últimos años, no cuenta con una fuerza policiaca civil. Gane quien gane la Presidencia tendrá que enfrentarse a esto. Quien diga que hay que regresar a los verdes y azules a los cuarteles tendrá que explicar cómo

¿Estarán dispuestos los militares a abandonar sus negocios, fideicomisos, tareas y estatus para regresar a los cuarteles? Y lo más importante: ¿podrá el siguiente gobierno prescindir de sus servicios en tareas de seguridad?