Casinos: ¿la porfía o la mano dura?

El último día de julio, en un hotel frente a la glorieta de Colón, en el Paseo de la Reforma, tendrá lugar la segunda reunión plenaria de los afiliados a UNI en América. Esta organización, que en su capítulo regional encabeza el dirigente croquista Mario Madrigal, aglutina a trabajadores del sector servicios a través de medio millón de sindicatos, debatirá sobre la crisis que afronta la industria de los juegos de azar, con cierre de locales y la amenaza de despidos por ajustes legales en México, Brasil y Argentina. En México, la política de cero tolerancia para los giros negros aplicada por el gobierno federal ha cimbrado a la industria de los casinos y ha generado una paradoja: actualmente existen más salas con permiso para abrir (370) que locales de apuestas remotas y sorteos de número abiertas al público (310). Este saldo podría equilibrarse si las autoridades judiciales fallan a favor de Entretenimiento de México, la empresa de los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona, cuyo permiso fue revocado por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación hace tres meses. En contrasentido de la ofensiva gubernamental, el llamado Zar de los Casinos aguantó la ofensiva mediática y enfiló a un pleito legal, en el que acaba de ganar una importante batalla, a finales de la semana pasada, después de que el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Ricardo Gallardo Vara, le concediera la protección de la justicia federal, ante la clausura del casino Sport Zone de San Juan del Río, que operó con un permiso municipal chocolate. Los abogados de Emex tramitaron un amparo contra de la revocación del permiso concedido en el 2005 para operar hasta 50 casinos durante 25 años, resolución dictada el pasado 1 de abril, con un legajo de testimoniales que trataba de acreditar sucesivos excesos presuntamente cometidos por la autoridad regulatoria y aducían que la sanción había sido injusta y excesiva para la falta en la que supuestamente habían incurrido. En efecto: las Fuerzas Federales que acompañaron a los inspectores de Juegos y Sorteos no sólo clausuraron las salas de apuestas, sino inmuebles completos donde Emex operaba restaurantes, bares y auditorios independientes.

En primera instancia, el juez Gallardo Vara negó la suspensión provisional y luego la definitiva; procedió a estudiar el asunto de fondo para dar una resolución determinante y se dio cuenta de que, para decretar la revocación, Gobernación había asumido que la anuencia del Ayuntamiento que Emex tenía en su poder no era válida, pues sólo llevaba la firma del Secretario de Finanzas, no obstante que los reglamentos municipales facultan a ese funcionario para dar anuencias, y además de que el actual Ayuntamiento había ratificado la validez del permiso otorgado a Emex.

Gobernación había revocado el permiso por el sólo hecho de objetar ese documento y, en consecuencia, la revocación resultó ilegal. El juez ordena reponer entonces el proceso administrativo, pero da guías exactas: el permiso municipal, objetado por Gobernación debe tomarse como válido y legal, lo que significa que ya no hay base para la revocación.

Ni en su proceso administrativo de abril, ni en sus argumentos presentados ante el Juez, Gobernación pudo presentar alguna otra falla de Emex como para avalar la revocación. Un gran revés a la promesa de garantizar certidumbre jurídica a los empresarios, formulada por Marcela González-Salas Petriccoli, la directora general de Juegos y Sorteos, y prendió los focos en las áreas jurídicas del gobierno federal.

¿Reabrirán los casinos de Entretenimiento de México? Los 20 locales que tenía en operación deberán permanecer cerrados hasta que el Colegiado estudie y emita un fallo, en caso de que la autoridad federal se inconforme con el fallo del juez Gallardo e interponga un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

Este litigio transcurre bajo la nueva Ley de Amparo, reformada por la actual legislatura federal, que faculta a los amparados a buscar pago de daños y perjuicios en caso de que la autoridad pierda en definitiva el caso. Si el Colegiado avalara la sentencia del juez, Gobernación no sólo tendría que levantar sellos, revocar la revocación y dejar que Emex trabaje, sino que también enfrentaría una probable demanda por daños y perjuicios. ¿Cuáles? Las indemnizaciones pagadas a casi 1,000 trabajadores, las rentas de los locales cerrados, los daños a inmuebles y máquinas, las ganancias que dejaron de percibir...

Al interior del Poder Judicial va en aumento la desazón respecto de este caso, al parejo que avanzan las denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Federación contra Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Monterrey; José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, con sede en Tamaulipas; así como el juez Javier Rubén Lozano Martínez, ex titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey; y Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico en el Consejo de la Judicatura, quienes habrían beneficiado al Zar de los Casinos.