La UE llevará a migrantes fuera de su territorio

Bruselas. El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una reforma de la política migratoria destinada a aumentar las deportaciones y permitir que los Estados miembros establezcan centros de detención en el extranjero, medida que los críticos describen como un sistema cruel que debilita las garantías para los solicitantes de asilo.

La decisión subraya el aumento del sentimiento antiinmigración en toda la Unión Europea (UE) durante la última década, lo que ha ampliado el apoyo popular a los partidos de extrema derecha.

El texto, que requiere la aprobación formal final de los 27 gobiernos miembros de la UE, marca un endurecimiento significativo de la política migratoria del bloque, que se ha ido configurando desde la llegada de más de un millón de refugiados y migrantes en 2015-16.

“El Reglamento de Devolución proporcionará las herramientas necesarias para que los retornos sean más eficientes, con procedimientos más rápidos y eficaces”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta enviada el martes a los Estados miembros antes de una reunión de los líderes de la UE en Bruselas.

Los países de la UE han reiterado que tienen dificultades para garantizar que los solicitantes de asilo cuyas solicitudes han sido rechazadas y las personas que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visados abandonen su territorio.

Los críticos argumentan que la política migratoria de la UE se ha centrado demasiado en la disuasión y la deportación, pasando por alto las causas profundas de la migración, como los conflictos, la pobreza y la represión política.

“La deshumanización de los migrantes y refugiados, incluso en el Reino Unido, Estados Unidos y muchos países de la UE, es espantosa y a menudo conlleva también la negación de sus derechos”, declaró el lunes Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Riesgo para la seguridad

El mes pasado, la Comisión invitó a funcionarios talibanes a Bruselas para debatir las deportaciones de migrantes afganos, a pesar de las advertencias de grupos de derechos humanos de que dicho encuentro podría poner en peligro a los afganos y violar los valores fundamentales de la UE.

La Comisión y el gobierno sueco, que coorganiza la visita, afirmaron que la reunión es de carácter técnico y no constituye un reconocimiento del régimen talibán.

El mes pasado se aclaró que las deportaciones se limitarían a las personas “que representen un riesgo para la seguridad”.