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Nuevo escándalo en Colombia por espionaje telefónico
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, principales objetivos del espionaje, exigieron resultados de lo que calificaron la degradación del estado de Derecho.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó el espionaje telefónico contra magistrados, periodistas y funcionarios del Gobierno y dijo que esos hechos constituyen una degradación del Estado de Derecho y un atentado contra la democracia y la libertad de opinión.
Mientras tanto, funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría General continuaron registrando la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en búsqueda de evidencias que permitan identificar a los responsables y establecer los propósitos de una serie de interceptaciones ilegales de comunicaciones.
El escándalo de espionaje provocó fuertes críticas al Gobierno del presidente Alvaro Uribe, acusado por sus detractores de falta de control de una agencia de seguridad que depende directamente del mandatario.
"Tales comportamientos punibles constituyen una degradación del Estado de Derecho y un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión", dijo la corte en un comunicado.
Algunas de las personas que fueron objeto del espionaje telefónico ilegal son magistrados del tribunal, de acuerdo con las denuncias que investigan las autoridades.
La Corte Suprema de Justicia condenó las interceptaciones y dijo que esas acciones delictivas "coartan la independencia de la Corte Suprema, entorpecen el normal cumplimiento de sus funciones constitucionales como máximo tribunal de la justicia ordinaria, y quebrantan la libre expresión y el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos".
El tribunal reclamó al fiscal general, Mario Iguarán, resultados de las investigaciones que buscan establecer los autores, participes y determinadores de las interceptaciones ilegales de comunicaciones.
Las denuncias se convirtieron en el más reciente de una serie de escándalos por espionaje y vínculos de funcionarios del organismo de seguridad con miembros de carteles de las drogas y grupos armados ilegales.
Hace cuatro meses, la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, renunció en medio de denuncias por espionaje a líderes de la oposición.
El nuevo caso reactivó los cuestionamientos sobre la eficiencia y la transparencia del organismo encargado de manejar la seguridad en Colombia, país que recibe millones de dólares de Estados Unidos para asistencia y programas en esa materia, incluyendo la lucha antidrogas.
Un ex director del DAS permanece actualmente en la cárcel y afronta un proceso criminal acusado de vínculos con antiguos comandantes paramilitares acusados de narcotráfico, secuestros, asesinatos y masacres.
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