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Expropian más tierra para el Tren Maya en Puerto Morelos
El monto a pagar a los comuneros asciende a los 398 mil pesos, luego de un proceso valuatorio realizado por el Indaabin.
Se plantea una reducción de 50% al presupuesto del Tren Maya. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM
Cancún, QRoo.- La presidencia de la República publicó un nuevo decreto expropiatorio para incorporar otros 10,000 metros cuadrados al Tren Maya, pertenecientes al ejido Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos, zona norte de Quintana Roo.
El monto a pagar a los comuneros asciende a los 398 mil pesos, luego de un proceso valuatorio realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Según se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se otorgó garantía de audiencia a los ejidatarios, sin que en el plazo concedido se realizaran manifestaciones en contra del procedimiento expropiatorio.
Se añade que la tierra expropiada solo podrá ser ocupada de manera definitiva, mediante el pago que se efectúe al ejido o a las personas que acrediten tener derecho sobre las tierras de uso común.
"En caso de que los bienes expropiados se destinen a un fin distinto al señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de 5 años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal podrá ejercer las acciones necesarias para reclamar la reversión parcial o total, según corresponda, de los bienes expropiados", se lee en el decreto.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procederá a la ocupación de los terrenos una vez que se acredite el pago indemnizatorio a los comuneros.
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Apenas en diciembre del año pasado, se expropiaron otra tierras para el Tren Maya también en Puerto Morelos, además de Othón P. Blanco y Bacalar.
Se trató en esa ocasión de 2.6 hectáreas, de las cuales, 1.6 pertenecían también al ejido Leona Vicario; 0.6 del ejido Allende y otras .4 hectáreas en Pedro Antonio Santos, en el sur de la entidad.
Por la superficie en Puerto Morelos, el decreto estableció el pago de 4.4 millones de pesos; mientras que al ejido Allende, en Othón P. Blanco, se pagaron sólo 58 mil 548 pesos. En el caso de Bacalar, la indemnización asciende a 311 mil 954 pesos, según los avalúos realizados por el Indaabin.