Multa a Telnor destapa la existencia de un ambiente áspero al interior del IFT

La discusión para sancionar a Teléfonos del Noroeste (Telnor) por incumplir con la presentación de la información correspondiente a su infraestructura pasiva de postes y pozos para terceras empresas que lo soliciten y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuando éste lo necesite también, fue más allá de la litis a estudiar porque entonces se hizo claro que en el pleno de siete comisionados que a la fecha integran la cúpula del IFT existen marcadas diferencias, al menos entre cuatro de ellos.

La multa a Telnor —un operador de telecomunicaciones fijas que hace parte de América Móvil y con cobertura en Baja California y municipios de Sonora— se aprobó con seis votos a favor, pero aquella tarde del miércoles 22 de enero de 2020 un comisionado presumió que la resolución pudo haber salido también con dos votos en contra, en tanto que un comisionado más también quiso exhibir una incongruencia de otro de sus colegas en el sentido histórico de sus votaciones en lo que toca a la definición de la política regulatoria aplicable para el agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEP-T).

Uno de los comisionados ventiló además que existen filtraciones en prensa y hacia grupos empresariales sobre las reuniones que se suceden entre las diferentes áreas que componen al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que es posible que esas filtraciones surjan del mismo pleno, lo que podría perjudicar las resoluciones del regulador y favorecer a los agentes regulados. El ambiente se calentó todavía más y se escuchó decir que en el pleno existe o parece existir un ambiente de afinidad entre varios de los comisionados.

No había ocurrido una sesión de plenos así desde las discusiones sobre la separación funcional de Telmex que salió con cuatro votos el 27 de febrero de 2018; también desde la aprobación de la fusión de AT&T-Time Warner que se aprobó con cuatro votos el 15 de agosto de 2017 y que propuso la venta de las acciones de AT&T en Sky de Televisa como condición para pasar la transacción; o desde el 11 de diciembre de 2017, cuando en el IFT hubo también una fuerte discusión sobre las facultades del regulador en derechos de audiencias. 

Las divergencias entre esos cuatro comisionados se llevaron prácticamente toda la discusión sobre este tema en particular y ésta no fue suspendida temporalmente para calmar los ánimos en el salón de plenos del IFT. En toda la jornada sólo hubo un receso de escasos minutos para plantear y votar una modificación más apropiada para uno de los resolutivos de todo el proyecto de resolución que entonces proponía una multa de 1,387.11 millones de pesos para Telnor.

Estas discrepancias ocurren también a pocos días de que el órgano regulador renueve su presidencia y se conocen poco después de que América Móvil ha calificado de “ilegal” la resolución del 22 de enero, misma que advirtió combatirá en tribunales, pues a consideración de la compañía frena otros planes, entre ellos posiblemente su intención de incursionar en el negocio del video en México. 

Telnor tuvo dos años para publicar los datos de postes y pozos

La propuesta de sancionar económicamente a Teléfonos del Noroeste con el equivalente del 6.01% de sus ingresos del 2017 derivaba de que a juicio de la Unidad de Cumplimiento y del pleno del IFT, ese agente económico había incumplido con los tiempos para tener disponible en un sistema electrónico al menos el 60% de la información referente a su cartera de postes y pozos y los elementos esenciales que componen esas infraestructuras, todo esto conforme a diversas medidas regulatorias establecidas en las resoluciones bienales y la oferta de referencia para compartición de infraestructura pasiva u ORCI aprobada por el IFT para el periodo que va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.

El hecho de que la compañía hubiese incumplido con estas obligaciones significaba que terceras empresas enfrentaban dificultades para conocer la disponibilidad de la infraestructura de Telnor para, si fuera de su interés, contratarle capacidad en sus zonas de cobertura y configurar desde allí nuevas ofertas de servicios para el consumidor, que a la postre haría más competitivo al mercado de telecomunicaciones con distintos precios, ofertas y marcas.

Uno de los comisionados solicitó dejar de lado las interpretaciones vagas y centrarse solamente en si Telnor había cumplido o incumplido con todos esos ordenamientos.

Se conoció así que al 12 de octubre de 2017, Telnor contaba en operación con 65,521 postes colocados por todo el territorio nacional. Esa base significaba el 100% de la postería de Telnor, por lo que esa empresa debía tener disponible la información de 45,000 torres y que se incrementaría a 92,002 archivos de información, si se contaban además los postes como tal, los datos de la altura de éstos y su carga mecánica, como según mandataban las medidas de las resolución bienal. Toda esa información indicaba que Telnor había cumplido hasta esa fecha con el 45.79% de la información que debía dejar disponible en el llamado Sistema Electrónico de Gestión (SEG) para consulta de terceras empresas y el IFT.

En lo que hace a los pozos, Telnor reportó al 12 de octubre de 2017 contar con un parque de 26,131 de esas infraestructuras que entonces significaban su 100% y 20,117 pozos eran el 60%, incrementándose a 60,351 archivos de información disponibles de manera obligatoria, contándose también los datos referentes al tipo de pozo, ubicación, planos y capacidades. En este criterio, Telnor acreditó un cumplimiento del 57.74% de los ordenamientos para el periodo.

Teléfonos del Noroeste, en lo que se conoce de su defensa, argumentó al IFT que resultaba prácticamente imposible registrar en el tiempo establecido toda la información referente a su infraestructura de pozos y postes; más cuando se trataba de un criterio de geo-referencia; y que dado el caso, se declaraba disponible para que los interesados revisaran en campo los postes o pozos de su interés para contratar capacidad y que además no contaba hasta entonces con una metodología para publicar con mayor facilidad toda esa información de manera electrónica. 

Como último as, Telnor envió de último minuto un escrito en el que manifestó, que por error involuntario, presentó una información de forma incompleta, según el folio P/IFT/220120/4 que da cuenta del expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0043/2018.. 

El IFT indicó entonces que Telnor tuvo dos años, en 2016 y 2017, para acreditar las obligaciones y que desde 2015 tuvo conocimiento de que esos ordenamientos serían parte de la siguiente resolución bienal. Y para remarcar, dentro de la discusiones entre comisionados de ese 22 de enero, se supo que al 22 de mayo de 2019, Telnor había acreditado de forma certera el 55.9% de sus obligaciones en pozos y 36.02% en postes.