Lectura 3:00 min
Ley no obligará al Estado a pagar a IP en extracción fallida
El Estado no tendrá obligación de pagar a las empresas privadas contratadas para la exploración y extracción del petróleo en caso de que éstas no tengan éxito en los trabajos, destacó la Comisión de Energía del Senado presidida por David Penchyna.
El Estado no tendrá obligación de pagar a las empresas privadas contratadas para la exploración y extracción del petróleo en caso de que éstas no tengan éxito en los trabajos, destacó la Comisión de Energía del Senado presidida por David Penchyna.
La remuneración a los contratistas, en cada una de las modalidades de contratación, está restringida al flujo remanente después del pago de regalías. De esta forma, los contratos serán autofinanciables y el Estado no tendrá obligación de pagar en caso de que no haya éxito , precisó a través del documento titulado Respuestas puntuales al posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática sobre la legislación secundaria en materia energética .
La Comisión respondió a cada uno de los 16 posicionamientos en materia energética que planteó el PRD, el cual considera que la reforma prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales que les permitirán apropiarse de la mayor parte la renta petrolera .
Además, luego de que la izquierda expuso que no se asegura el suministro oportuno y eficiente de energéticos ni una disminución de precios, la Comisión aclaró que los subsidios de gasolina y electricidad se reducirán de forma natural como resultado de la competencia.
Para evitar variaciones abruptas en los precios de los combustibles en tanto se generan las condiciones de competencia, destacó, la legislación secundaria establece una transición gradual a la liberación del precio al público.
En este sentido, se contempla la posibilidad de establecer precios máximos, de modo que sus precios se comportarán de forma similar a los de otros productos de nuestra economía. A partir del 2020 se liberarán los precios, a menos que no existan condiciones de competencia efectiva. En tal caso, los precios serán fijados mediante acuerdo del Ejecutivo federal , añadió.
El PRD planteó que se considera enfrentar juicios que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales, donde naciones como Ecuador, Kazajstán y Venezuela han tenido malas experiencias.
En respuesta, la Comisión acepta que las inconformidades de los contratistas podrán llegar a instancias internacionales para que los inversionistas cuenten con un entorno de resolución neutral, pero en todos los casos, los arbitrajes deberán tomar como única base las leyes mexicanas y llevarse a cabo en español.