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Iglesia debe ser vigilada por SHCP
La Cámara de Diputados perfila un rediseñó de la ley antilavado de dinero aprobada por el Senado, con el fin de incluir a la Iglesia y el pago de rentas como sujetas de vigilancia por parte de la autoridad hacendaria.
La Cámara de Diputados perfila un rediseñó de la ley antilavado de dinero aprobada por el Senado, con el fin de incluir a la Iglesia y el pago de rentas como sujetas de vigilancia por parte de la autoridad hacendaria.
Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados presentaron ayer los cambios a la minuta del Senado, los que a su vez someterán a consideración de la Comisión de Justicia de San Lázaro para que ésta emita un dictamen, eventualmente lo apruebe y lo turne al pleno en septiembre.
Uno de los cambios especifica que la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior a 100,000 pesos será considerada como obligación del donatario conocer al donante.
Cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior a 200,000 pesos serán sujetas de reporte a la SHCP.
Otro cambio es para que la autoridad hacendaria solicite a quienes realicen operaciones como compra de vehículos nuevos o usados, joyería, metales preciosos, obras de arte, adquisición de boletos para juegos de apuestas, blindaje de vehículos, información sobre la profesión u oficio de sus clientes.
A notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados, así como grupos de profesionales (Gatekeeper) se les deja como sujetos obligados de reportar a la autoridad operaciones sospechosas de lavado ante un colegio pero siempre que no vulnere su derecho al secreto profesional.
Se hacen una reestructura de los montos en operaciones prohibidas. Por ejemplo, se prohíben la compra en efectivo de bienes inmuebles por montos superiores a los 500,000 pesos, la compra de autos hasta por 400,000 pesos y de joyas y metales preciosos por 200,000 pesos.
Los diputados pidieron a la SHCP que presente ante la Comisión de Justicia un revalúo de los mismos, para elevar o reducirlos, con el fin de que la autoridad hacendaria y policiaca tengan la certeza de que los criminales no podrán evadir la vigilancia.