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Impuestos verdes ganan terreno en México, pero falta transparencia
Actualmente, 18 de las 32 entidades federativas cobran esta contribución para desincentivar actividades que generan daños al medio ambiente
En México, los impuestos verdes han ganado terreno como estrategia fiscal y ambiental en los estados. En tan solo cuatro años, el número de entidades que los aplican pasó de siete en el 2021 a 18 en el 2025, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
También conocidos como impuestos ecológicos, estas contribuciones se aplican principalmente en tres áreas:
- La extracción de materiales del suelo y subsuelo.
- La emisión de contaminantes al aire, agua o tierra.
- El depósito o almacenamiento de residuos.
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La meta es obtener recursos adicionales para los gobiernos estatales y desincentivar actividades que generan daños al medio ambiente. Sin embargo, Andrés Díaz, socio director del Despacho de Asuntos Públicos (DAP), refirió que existe un reto más allá de la recaudación.
“El gran reto de los impuestos verdes no es únicamente recaudarlos, sino garantizar que los recursos estén etiquetados para proyectos ambientales concretos y medibles. Solo así la ciudadanía y las empresas podrán ver beneficios tangibles: aire más limpio, mejor gestión de residuos, transporte público sostenible”, comentó Díaz.
Durante el 2023, en Nuevo León se superaron los 2,000 millones de pesos por este concepto. Pero, los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey continúan al alza, lo que evidencia que los ingresos por sí solos no garantizan mejoras ambientales.
Transparencia en manejo de recursos
El debate sobre el uso de estos recursos cobra relevancia en un contexto en el que, en promedio, 82% de las finanzas estatales dependen de transferencias federales, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Solo 14% de los ingresos de las entidades son propios y apenas 4% proviene de deuda.
Ante esta realidad, los impuestos verdes representan una de las pocas alternativas para diversificar los ingresos locales. No obstante, Díaz reiteró que, para que cumplan su doble función —financiera y ambiental—, se necesitan tres condiciones clave:
- Un diseño técnico sólido que facilite su aplicación y cobro.
- Transparencia en el destino de los recursos para evitar desvíos.
- Políticas públicas claras que traduzcan la recaudación en beneficios reales para la población.
“Con una correcta implementación, estos tributos podrían convertirse en un modelo replicable que no solo ayude a fortalecer las finanzas locales, sino que también impulse a México hacia un desarrollo más sostenible”, expuso el DAP.