Por segunda ocasión, Suprema Corte pospone decisión sobre Ejército en tareas de seguridad pública

Por segunda ocasión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso su decisión de desechar o no la controversia constitucional que presentó la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra del decreto del 11 de mayo en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024.

En la sesión remota de dicha Sala el miércoles pasado, el ministro Javier Laynez Potisek informó que debido a la pandemia, muchos asuntos turnados a las ponencias se encuentran en fase de integración ante la imposibilidad de llevar a cabo notificaciones a autoridades, lo que dificulta la integración de los expedientes o ponerlos en estado de resolución.

Por ello, ese día el proyecto presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, sobre el recurso de reclamación 54/2020-CA, promovido por la Presidencia de la República en contra de la controversia constitucional 90/2020, fue presentado en lista en espera de su debida integración, sin una fecha para que ello ocurra. El proyecto propone aceptar el acto reclamado por la Presidencia, y desechar la controversia constitucional promovida por la diputada Rojas.

Una situación similar sucedió este miércoles 7 de octubre, cuando el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, informó que nuevamente el asunto quedaría pendiente, a pesar de que fue enlistado en el orden del día.

Cabe destacar que mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.

Eso permite que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.

Además de la diputada Laura Rojas, el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; el municipio de Colima y el gobierno de Michoacán, también presentaron —cada uno y por separado—, un recurso de controversia constitucional contra el decreto del 11 de mayo. 

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