La Cultura de la Paz: Restaurar la Concordia

Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz.

John Lennon

Independientemente de las continuas distracciones para desviar la atención, no es posible ignorar que la nueva normalidad está plagada de datos duros: más de ochenta mil muertos por el Covid 19 en nuestro país, con una población igual a la del Japón, donde han fallecido sólo poco más de 1,500 personas; pérdida de 12 millones de empleos para este 2020, que afecta también a los dependientes económicos de quienes pierden sus fuentes de ingreso, y una caída del PIB que oscila en un 10 por ciento.

Si a esa triste realidad, que afecta cada vez a más mexicanos, le sumamos las provocaciones que se traducen en acciones, discursos y declaraciones originadas desde Palacio Nacional y de cada vez más contestatarios, nos encontramos en un cada vez más inconveniente y peligrosos ambiente de polarización que se acerca a la violencia y se aleja cada vez más de la concordia.

Una expresión de ese encono es la intolerancia que se manifiesta en las filas gubernamentales y de sus seguidores. La marcha del sábado que, pese a quien le pese, fue muy concurrida, es una respuesta a esa constante provocación.

Otra medida de tensión ha sido el insistente propósito de aplicar una encuesta para que la ciudadanía exprese si está o no de acuerdo en que los expresidentes sean juzgados, seguida por la ya tristemente célebre definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la cuestión de declarar si esa consulta era o no constitucional. La decisión tomada por mayoría de votos de los Ministros ha puesto a prueba al máximo tribunal y el resultado deja mucho que desear. Los Ministros han escuchado el mensaje de las urnas, en vez de hacer respetar el Estado de Derecho. Además, la pregunta autorizada difiere de la que propuso el Presidente.

No se olvide que el gobierno NO necesita el aval de la ciudadanía para presentar denuncias en contra de los expresidentes, ni las fiscalías para investigar delitos y perseguir a sus autores. Nadie puede ser investigado por deseo, por una votación o por una recolección de firmas. La justicia no se funda en ejercicios populares, por democráticos que parezcan. Hay pruebas para actuar en apego a derecho, o no las hay.

La consulta popular, en una sociedad mal informada como la nuestra, puede aplicarse para manipular respuestas en torno a temas que desconocen la mayoría, sobre todo de realizarse la consulta que interesa al Presidente con una pregunta confusa y que, por si fuera poco, nos costaría ocho mil millones de pesos.

Parece olvidarse que la concordia es indispensable para comprender a nuestros semejantes, que la generosidad da sentido a la coexistencia y que la solidaridad se expresa cuando se tiende la mano a quien lo necesita. Históricamente nos hemos caracterizado por ser amistosos, hospitalarios, fraternales y solidarios, y estamos obligados a ser defensores de nosotros mismos y de nuestro prójimo.

Hoy, el Presidente López Obrador tiene la oportunidad de construir puentes, de escuchar y dialogar, en vez de provocar planes de destrucción mutua pues la venganza suele ser traicionera, no beneficiosa. Urgen acciones de estadista y que se recuerde que el gobierno es de todos los mexicanos.

Que gobiernen más las ideas que las pasiones. Que surjan los tan anhelados resultados de su gestión.

La realidad que impone la nueva normalidad exige que todos propiciemos una convivencia en armonía, en una cultura de la paz, debemos evitar que la creciente discordia se trasforme en odio que puede salirse de control.

Iniciativa de Ley de Senadores VII

Pasando a otro tema, el viernes pasado el autor de estas líneas tuvo oportunidad de participar en una sesión de trabajo, vía internet, con los Senadores Ricardo Monreal y Julio Menchaca, en la que escucharon observaciones y propuestas formuladas por mediadores profesionales con el propósito de contribuir en la redacción de una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que sirva a todos, algunos de los temas abordados fueron los siguientes:

• Aprovechar lo construido a nivel nacional y se establezcan los principios y bases para consolidar el sistema de justicia alternativa existente. No parece conveniente imponer un nuevo sistema de justicia alternativa partiendo de cero, con el altísimo riesgo de que fracase;
• La autoridad en el campo de la mediación para la gestión de controversias legales corresponde y debe seguir en los poderes judiciales, sobre todo porque los mediadores y conciliadores son auxiliares de la administración de justicia. Por tanto, han de ser formados, seleccionados, certificados, registrados, supervisados y controlados por los poderes judiciales que corresponda, a través de sus respectivos centros o institutos de justicia alternativa, con la participación que corresponda a sus escuelas judiciales.
• En la mediación para la atención de controversias en los demás ámbitos de interacción social tales como la familia, la escuela, el barrio, el vecindario o la unidad habitacional, las comunidades indígenas, los establecimientos de servicios al público, así como los reclusorios, por citar algunos, la autoridad, respecto de los mediadores y conciliadores sociales, así como de los múltiples programas, puede ser la Secretaría de Gobernación. En la mediación social no se requiere tener profesión alguna, tampoco una certificación, aunque sí una capacitación, sobre todo porque en los ámbitos de la mediación social se privilegia la mediación entre pares, y
• La difusión de los servicios de mediación en los tiempos oficiales de radio y televisión.

Confiamos en que esa contribución sea tomada en cuenta pues la nueva legislación ha de contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz.

*El autor es abogado y mediador profesional.

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