Aseguradoras podrían adquirir talleres de vehículos u hospitales para contener costos

Las aseguradoras en México podrían optar por estrategias de integración vertical y adquirir o desarrollar talleres de autos u hospitales para contener los costos que les representarán los cambios fiscales que ya no les permitirán acreditar IVA en el pago de siniestros.

Así lo dijo Miguel Ángel Rosas Ortiz, asociado sénior fiscal del despacho de abogados Pérez-Llorca, a través del informe “Actualidad Iberoamericana de Seguros” del cuarto trimestre 2025, elaborado por el equipo de Seguros y Reaseguros del despacho.

El especialista aseguró que este fenómeno ya ha sido observado en la industria aseguradora de otras jurisdicciones y que, desde luego, solo sería posible en caso de que lo permitiese la regulación financiera mexicana.

“Si bien esto podría generar eficiencias operativas, también concentraría el mercado y limitaría opciones para los asegurados”, aseguró Rosas Ortiz.

Se conoce como estrategia de integración vertical en los seguros cuando las aseguradoras del ramo de salud, por ejemplo, son propietarias de distintas partes de la cadena de suministro de la atención médica, como farmacias, grupos médicos u hospitales, esto con el fin de controlar costos y servicios.

En Estados Unidos, empresas de seguros médicos como UnitedHealth o CVS han creado redes integradas de este tipo que están orientadas a la eficiencia.

Sin embargo, estas estrategias también generan preocupaciones antimonopolio por la posible limitación de opciones para los consumidores finales y el aumento de precios para los competidores.

Subirían las primas

Asimismo, el asociado sénior fiscal del despacho coincidió con otras voces del sector asegurador mexicano en el sentido de que el cambio fiscal “se traducirá inevitablemente” en incrementos de primas para los consumidores finales, quienes absorberán este costo adicional en un contexto económico ya de por sí complejo.

Otro de los riesgos que identifica el experto es que se pueda acrecentar la tendencia experimentada en la valoración de siniestros automotrices de declarar los vehículos en “pérdida total” en lugar de repararlos, “simplemente porque resulta menos costoso ante la imposibilidad de acreditar el IVA de las reparaciones”.

“Esta práctica, económicamente racional desde la perspectiva de la aseguradora, genera externalidades negativas: incremento de precios de automóviles usados, mayor generación de chatarra y, en última instancia, menor penetración del seguro en la población”, señaló.

¿Qué fue lo que cambió?

Rosas Ortiz explicó que el cambio fiscal para las aseguradoras se originó a partir de una nueva interpretación del IVA por parte de la autoridad fiscal.

Este impuesto se rige por el principio de neutralidad, según el cual las empresas no deben soportar la carga fiscal final, sino trasladarla al consumidor y acreditar el IVA pagado a sus proveedores, dijo.

En el caso de las aseguradoras, la acreditación de IVA ocurría cuando tras un siniestro, optan por prestar directamente servicios médicos o de reparación, pagando a hospitales, talleres u otros prestadores y acreditaban el IVA facturado por esos terceros.

Durante años, la Secretaría de Hacienda no objetó esta práctica, hasta que en el 2024 el fisco adoptó un nuevo criterio que negó el acreditamiento del IVA de manera retroactiva a partir del 2019.

La nueva interpretación generó créditos fiscales elevados para las aseguradoras, creando una contingencia financiera grave que, en algunos casos, comprometía su viabilidad y aumentaba el riesgo de insolvencias en el sector.

Ante la presión de las compañías y el riesgo sistémico, en octubre del 2025 se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y el sector asegurador, incorporado a la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Dicho acuerdo condona el IVA acreditado hasta el 2024, permite regularizar el 2025 sin multas ni recargos conforme al nuevo criterio y establece que éste se aplique de forma definitiva a partir del 2026.

El mismo sector asegurador ha anticipado que la principal afectación por este cambio fiscal será para los seguros de gastos médicos mayores y los de automóviles, los cuales representan casi 40% de todas las primas que hay en el país, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Regular precios no es la solución

Por otro lado, Rosas Ortiz destacó que han surgido propuestas legislativas para contener las subidas de primas mediante actos normativos.

Sin embargo, advirtió que si se impide a las aseguradoras trasladar costos fiscales a las primas, pero se mantiene el criterio del fisco que les impide acreditar el IVA, el resultado inevitable serían insolvencias de la industria aseguradora.

En cambio, dijo, la verdadera solución radica en revisar el cambio de criterio del fisco que originó esta crisis.

“Es momento de que las autoridades fiscales reconsideren un criterio que, lejos de fortalecer la recaudación de manera sostenible, amenaza la viabilidad de un sector estratégico para la economía mexicana”, concluyó.