PIMCO, la mayor gestora de renta fija del mundo, y el hedge fund Anchorage Capital han llevado a Estados Unidos la batalla jurídica por la resolución del Banco Popular, en la que cientos de miles de accionistas y los bonistas subordinados de la entidad perdieron toda su inversión.

El bufete de abogados de estos dos inversionistas institucionales, Quinn Emanuel, interpuso el martes una demanda ante un tribunal mercantil de Nueva York para forzar la publicación de documentos e información en manos de Banco Santander. En la madrugada del 7 de junio del 2017 el mayor banco español adquirió Banco Popular por 1 euro a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) de la Unión Europea (UE), después de que el Banco Central Europeo (BCE) lo declarara inviable.

Falta por ver qué decide el juez, pero de momento PIMCO y Anchorage reclaman todas las comunicaciones entre Banco Popular, Banco Santander y las autoridades europeas y el Banco de España con relación al proceso de resolución, incluidas las relativas a la fuga de depósitos que llevó al banco a la inviabilidad, la provisión de liquidez de emergencia por parte del BCE y las comunicaciones entre Ángel Ron, expresidente de Banco Popular; Ana Botín, presidenta de Banco Santander; y Emilio Saracho, sucesor de Ron.

También piden toda la información relativa al proceso de búsqueda de comprador iniciado por la JUR y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y a un posible interés de terceras partes en adquirir Popular, en ofrecer liquidez o en participar en una ampliación de capital. Sobre este último punto reclaman concretamente una carta de Barclays fechada el 3 de junio del 2017 y otra de Deutsche Bank del 5 de junio.

Además, exigen documentos y comunicaciones relacionadas con la ampliación de capital del 2012 y la del 2016; con la prueba de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea del 2016; con la creación de un banco malo del Popular para deshacerse de activos tóxicos; además de información sobre activos, requisitos de capital, provisiones, el nivel de capitalización los planes de contingencia para hacer frente a una crisis de liquidez.

PIMCO y Anchorage Capital también solicitan actas de las reuniones del Consejo de Administración y documentos relacionados con posibles inexactitudes en la información financiera del Popular que llevaran en abril del 2017 a rehacer las cuentas del 2016.

A ello añaden también una petición de información relativa a la entrevista que Elke König, presidenta de la JUR, concedió a Bloomberg el 23 de mayo del 2017, en la que aseguró que estaban mirando la situación del Popular. Para algunos inversionistas estas declaraciones supusieron la puntilla final para la entidad.

“Estamos presentando esta solicitud para obtener todas aquellas pruebas y datos necesarios del Santander que permitan apoyar nuestras respectivas acciones legales en Luxemburgo y Madrid. Consideramos que es fundamental para un proceso justo, equitativo y transparente. Santander es el principal beneficiario de la resolución del Banco Popular, y por ello es lógico que se les exija divulgar los documentos clave sobre su participación en la compra de Popular, la cual a su vez provocó la pérdida de las inversiones de nuestros clientes”, afirma Richard East, abogado de la firma.

La ley estadounidense permite a demandantes en procedimientos fuera de los Estados Unidos solicitar pruebas que asistan a sus causas legales en el extranjero. La condición es que el demandado tenga presencia en EU y disponga de documentos relevantes.

Santander cuenta con negocios de banca comercial y corporativa en EU, a través de Santander Bank, y en el financiamiento al consumo mediante Santander Consumer USA.

El empresario mexicano Antonio del Valle, que encabeza un grupo de 55 inversionistas que perdieron 470 millones en Popular, ya inició el mismo procedimiento contra Santander en EU, conocido como Discovery, a principios de marzo, también ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Los mexicanos, a los que asesora el bufete estadounidense Kirkland & Ellis, consideran que Santander fue un elemento clave en la resolución de Popular y que tiene documentos altamente relevantes para el proceso.

La JUR ordenó en junio del 2017 la venta de Popular por 1 euro a Banco Santander, después de que una fuga masiva de depósitos y la negativa a seguir ofreciendo liquidez de emergencia forzase la quiebra de la entidad.

Los inversionistas perjudicados abrieron varias demandas legales para forzar a la JUR a publicar toda la documentación relativa a la decisión. Hasta el momento, la autoridad de resolución europea ha publicado versiones redactadas (con tachones en información considerada confidencial) de la decisión de resolución y de los informes de valoración. Pero para muchos inversionistas lo revelado hasta el momento sigue ocultando datos fundamentales para poder defender sus derechos.

Además, los grandes fondos también han planteado sendos recursos contenciosos contra la resolución de la JUR ante el Tribunal de Justicia de la UE y contra el Frob ante la Audiencia Nacional, y se han personado en la causa penal en la Audiencia.