En el 2025, a pensiones contributivas se fueron 18 de cada 100 pesos del presupuesto

El gasto del gobierno de México en pensiones contributivas representó 18 de cada 100 pesos del presupuesto público federal durante el 2025, un máximo histórico.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en pensiones contributivas representó de enero a noviembre del 2025, 17.9% del gasto neto total del gobierno.

De enero a noviembre del año pasado, el gasto en pensiones contributivas fue de 1.512 billones de pesos, un crecimiento de 8.7% en términos reales comparado con el mismo periodo del año pasado.

Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público en la organización México Evalúa, explicó que si bien es normal que el gasto en pensiones crezca en los países cuya población está envejeciendo, en el caso de México preocupa que el pasivo pensionario crezca a un mayor ritmo que los ingresos del gobierno.

“Si no hay un crecimiento en los ingresos, cada vez habrá menos margen fiscal y el gobierno tendrá que pagar las pensiones a costa de más recortes en rubros como educación, salud y seguridad”, dijo.

Las pensiones contributivas son aquellas que se otorgan a aquellos jubilados que, durante su vida laboral, tuvieron que aportar (o bien lo hicieron sus patrones) a los institutos de seguridad social para financiar sus pensiones o las de otros jubilados.

Por otro lado, las pensiones no contributivas son aquellas en las que, quien las recibe, no tuvo que aportar ninguna cuota de su salario y que son financiadas en su totalidad por el gobierno, como la Pensión Universal de los Adultos Mayores y en el 2025 representaron 6.13% del gasto total.

En el rubro de gasto en pensiones contributivas se contemplan por ejemplo los sistemas pensionarios de reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De hecho, esos dos esquemas pensionarios son los que representan la mayor carga para las finanzas públicas del país, explicó Jorge Cano.

Sin embargo, el gobierno también debe pagar pensiones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro, así como de los ferrocarrileros y de las fuerzas armadas.

Además, en el gasto total de pensiones igualmente se contemplan las aportaciones que hace el gobierno a las Afores de algunos trabajadores, aunque este rubro representa menos de 5% de todo el gasto pensionario, abundó Cano.

Del gasto programable, el gasto en pensiones representó 25.8 por ciento.

El gasto programable es aquél que el gobierno destina a programas y servicios públicos directos para la población (como educación, salud, infraestructura), al funcionamiento de instituciones y al bienestar de la población.

Mientras que el gasto no programable es aquél que prácticamente ya está comprometido, como la deuda o las participaciones a estados y municipios.

Reducción de edad de jubilación presionará más a las finanzas

Por otro lado, el especialista de México Evalúa señaló que cambios recientes al sistema pensionario del país, como la reducción gradual de la edad de jubilación a los trabajadores que cotizan en el ISSSTE, va a incrementar el pasivo pensionario del gobierno.

El año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para reducir en tres años la edad mínima de jubilación de los trabajadores del décimo transitorio del ISSSTE.

Gracias a este acuerdo al que llegaron el gobierno federal y los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la edad mínima de jubilación quedará congelada en 56 años para mujeres y 58 para los hombres hasta el 2028, cuando empezará a reducirse cada tres años.

En el 2028 se reducirá a 55 y 57 años; en el 2031 a 54 y 56 años, y finalmente, en el 2034 quedará en 53 años para mujeres y 55 para hombres.

Con el acuerdo, se revierte el incremento progresivo en la edad de jubilación que iba a terminar en el 2028 derivado de la reforma a la Ley del ISSSTE del 2007, mediante la cual se introdujo a los trabajadores del Estado al sistema pensionario de cuentas individuales en las Afores.

Cuando se hizo la reforma del 2007, se dio a elegir a quienes laboraban desde antes de que entrara en vigor (el 1 de abril de ese año) entre incorporarse al nuevo sistema en las Afores o bien quedarse en el antiguo sistema de reparto.

Quienes decidieron quedarse en el sistema anterior (que fue 90%) fueron incorporados a la llamada modalidad del décimo transitorio, bajo la condición de que cada dos años se les iría incrementando la edad mínima de jubilación.

En el 2010, antes de que empezara a incrementarse, la edad mínima de jubilación para las mujeres era de 49 años y para los hombres de 51.

Según estimaciones del gobierno federal, la reducción en la edad de retiro tendría un costo fiscal de más de 36,000 millones de pesos solo entre el 2025 y el 2030.

No obstante, especialistas y las mismas proyecciones del ISSSTE advierten que el pico de jubilados del décimo transitorio llegará entre el 2030 y el 2040, por lo que sería en esa década cuando el Estado tenga que erogar más recursos por la reducción en la edad de retiro.