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PAN exige a la CNDH que impugne la Ley de Aguas de Sheinbaum
De acuerdo con el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, esta ley es resultado de un proceso legislativo acelerado, opaco y violatorio de la Constitución.
El PAN en la Cámara de Diputados urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a que ejerza su facultad constitucional y promover una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de la Ley General de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues señala que se trata de una reforma ilegal, regresiva y contraria a los derechos humanos.
A través de un punto de acuerdo presentado por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López, la bancada panista acusó que la nueva Ley General de Aguas fue aprobada sin cumplir con la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como lo mandata el artículo 2º de la Constitución, lo que invalida el proceso legislativo y vulnera principios fundamentales del Estado de derecho.
De acuerdo con el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, esta ley es resultado de un proceso legislativo acelerado, opaco y violatorio de la Constitución.
“Morena rompió las reglas del Congreso, aprobó esta ley en fast track y sin escuchar a quienes debían ser consultados. No se puede hablar de derechos cuando se legisla atropellando la Constitución y excluyendo a los pueblos indígenas. Por eso exigimos que la CNDH actúe y defienda a las y los mexicanos ante una ley mal hecha y peligrosa”, afirmó.
En este contexto, se dijo que esta reforma centraliza las decisiones sobre el agua en el gobierno federal, genera incertidumbre jurídica para productores y comunidades rurales, pone en riesgo el patrimonio de millones de familias y traslada mayores responsabilidades a estados y municipios sin garantizar recursos suficientes para cumplirlas. Además, advirtió que el dictamen amenaza el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria del país.
Por ello llamó a la CNDH a que “cumpla con su responsabilidad constitucional y acuda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar una reforma que vulnera derechos y libertades fundamentales”.



