Activistas alertan crisis de derechos humanos para migrantes mexicanos ante redadas de ICE en EU

Balam, un indígena maya originario de Yajalón, Chiapas, radicado desde hace más de dos años en Minneapolis, Minnesota, dice vivir con miedo ante las agresivas incursiones de agentes del ICE en busca de inmigrantes en esa ciudad ubicada a la orilla del río Misisipi, en el norte de Estados Unidos.

―Pero es un miedo diferente —enfatiza—. No es solo por mí, sino por mi familia. Esto ya no es el sueño americano; es una pesadilla. Tenemos miedo de salir a las calles y ser detenidos.

Eso le contó el chiapaneco con residencia legal en Estados Unidos a Fabiola Mancilla, dirigente de la organización Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos (Pucomit), con sede en Nueva York, quien, junto con otros activistas que tienen como causa la defensa de las comunidades inmigrantes en ese país, asegura que, hoy por hoy, el asunto de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en esa nación solo existe en el papel.

Los activistas consultados por este periódico aseguran que las redadas desplegadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, con frecuencia se ejecutan con excesos, violando leyes, pues el objetivo del gobierno es sembrar el terror para que la gente se marche del país.

Por ello tienen claro que esa situación, no solo continuará, sino que escalará en intensidad. Pese a ello, están decididos a resistir pues consideran que, con todo y lo que hoy están padeciendo, regresar a sus comunidades de origen en México sería peor.

En ese escenario, las comunidades de mexicanos inmigrantes han salido altamente perjudicadas.

De acuerdo con cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sistematizadas por la organización Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, del 1 de enero al 16 de octubre de 2025 fueron arrestados 225,757 personas, de los cuales 87,448, que representan 38.74%, fueron mexicanos.

En segundo lugar, están los guatemaltecos que representan 14.08% de los arrestos y los hondureños que constituyen 11.03%.

Del total de mexicanos detenidos en las redadas, siete fallecieron y 20,750, que representan 23.73%, sus casos siguen activos, ya sea detenidos o sujetos a algún proceso.

Las cifras indican que de esas personas mexicanas detenidas en las redadas 13,182 fueron deportadas; 9,919 optaron por la salida voluntaria y solo se concedió la residencia permanente a cinco.

Los datos indican que 29.25% de los mexicanos que fueron arrestados estaban en Texas, 11.51% en California, 5.69% en Florida y 5.14% en Arizona.

No respetan leyes ni derechos humanos

En entrevista, Fabiola Mancilla dice: si para los ciudadanos estadounidenses no existe respeto a sus derechos humanos, menos para los mexicanos sin documentación migratoria en regla a quienes se les persigue simplemente por su aspecto.

Al respecto Efraín Jiménez Muñoz, coordinador del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, asegura que los derechos humanos de los inmigrantes en esa nación están totalmente violentados.

El país que se jactaba de velar por el respeto a los derechos humanos se ha convertido en una dictadura. Es un asunto que solo está en el papel, incluso para los ciudadanos estadounidenses”.

Y recalca: ante los ojos de los agentes del ICE, las personas son elegibles para ser arrestadas solo por el color de su piel.

“Si no traes un documento que compruebe, aunque seas ciudadano te arrestan”.

Eso ha afectado de distintas formas a las comunidades inmigrantes. Lizet Mancilla pone como ejemplo de ello que, si bien el acceso a la educación es un derecho universal en esa nación, “la gente tiene un miedo muy fuerte” de llevar a sus hijos a la escuela, pues temen a ser interceptados por los agentes del ICE.

Por eso, personas que tienen residencia legal ayudan a los padres de familia de inmigrantes a llevar a sus hijos a la escuela, para que no se expongan.

En muchas comunidades, los mexicanos sin documentos dependen de que los vecinos vayan a hacer sus compras, añade Efraín Jiménez Muñoz

Comunidad inmigrante acusa daños en su salud mental

Por otra parte, el constante estado de estrés en que viven los inmigrantes ante el acoso de los agentes del ICE ha afectado su salud mental

De acuerdo con Fabiola Mancilla, existe una crisis de salud mental en la comunidad migrante porque está siendo bombardeada por redes sociales y noticieros de habla hispana de la persecución que hay contra ellos.

Pese a ese panorama “todo adverso”, la gente sigue resistiendo, porque sabe que, pese a los que hoy están padeciendo, en sus comunidades de origen en México la situación está mucho peor, refiere.

Al respecto, Efraín Jiménez Muñoz, dice que en muchas ciudades se busca realizar talleres para ofrecer algunas estrategias para paliar las afectaciones a la salud mental de las personas por el miedo a ser arrestados.

Derechos al borde de extinguirse

En este arranque del segundo año del segundo periodo de gobierno del presidente Donald Trump, los derechos humanos de las comunidades migrantes en Estados Unidos están al borde de extinguirse.

Así lo considera Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).

Su argumento es que varias de las protecciones internacionales como las que contempla la constitución de Estados Unidos para las personas que buscan refugio están siendo borradas por las políticas xenofóbicas del gobierno actual.

Se han eliminado cientos de programas de acceso a una posible legalización. Además, el gobierno se ha dedicado a “ahogar” otros procesos a los que recurrían esas personas, con lo cual, decenas de familias que hoy califican a una legalización no lo pueden hacer.

Destaca que en los últimos 13 meses se han realizado 618 cambios a procesos migratorios, tanto legales como administrativos, lo cual ha tenido como consecuencia el entorpecimiento de la aplicación de las leyes migratorias.

En opinión del activista, estamos en un momento de crisis para la comunidad migrante, tanto la que tiene el Estatus de Protección Temporal (TPS) o bajo los Protocolos de Protección a Migrante, Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA por siglas en inglés), las que cuentan con asilo o refugio y, obviamente, las que no tienen ninguna protección.

El problema, enfatiza, es que se están violando los derechos humanos de las personas en las calles por su perfil racial. Les impiden acceso a la asistencia de abogados, no les permiten tener conversaciones confidenciales y privadas con sus familiares o abogados cuando son detenidos, entre otras irregularidades.

Dice que se han documentado violaciones al acceso a cuidado médico y muertes en centros de detención.

Lo delicado, abunda, es que el gobierno ha prometido que esa situación escalará. Lo ha dicho el propio presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem.

“Para ellos es muy importante que el reino de terror continúe”.

El activista recalca que se trata de violencia y terror organizados por el Estado, porque el gobierno tiene como objetivo que la comunidad se amedrente y se autodeporte.

“La idea es proveer suficientes incentivos y provocaciones para que los inmigrantes, especialmente los latinos, decidan mejor irse, para acabar con el infierno que están viviendo, tanto en las ciudades como en los centros de detención”.

En ese sentido, apunta que debe quedar claro que los agentes del ICE están teniendo un comportamiento fuera de la ley. Prueba de ello son los excesos en que han incurrido y han sido documentados en Mineápolis, Chicago y Los Ángeles.

“La gente está viendo que su gobierno está traspasando lo que la ley permite y se está volcando a las calles”, remarca.

Por eso, añade, diversos sectores de la sociedad estadounidense están impulsando reformas a las leyes para frenar el actuar de los agentes que realizan las redadas, así como para que ya no se le asignen más presupuesto para ese tipo de acciones.

“Tienen 171,000 millones de dólares de presupuesto, que es el más alto que han tenido, y quieren más”.

Piden documentar abusos

Jorge Mario Cabrera, dice que en el momento en el que ocurren las redadas es poco lo que se puede hacer. Por ello las organizaciones civiles han puesto el énfasis en documentar las acciones de los agentes migratorios.

Menciona que en La Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles son muy cuidadosos en no intervenir en el trabajo de los agentes federales, pero sí documentan sus acciones.

Diversas organizaciones civiles piden a las familias que cuando se vean involucradas en alguna de estas acciones, documenten el proceder de los agentes.

Muchas veces, después del arresto es cuando se puede defender, especialmente si hubo allanamiento de casas sin una orden de un juez. Cuando eso ocurre se puede buscar alivio incluyendo la legalización de las personas afectadas.

En ese aspecto, Fabiola Mancilla, refiere que en los llamados estados santuario, algunos inmigrantes recurren al trámite de una visa tipo “U”, que es a la que pueden acceder cuando han sido víctimas de algún abuso de autoridad, pero cuando se encuentran en estados no santuario, la gente decide callar.

“Hemos tenido casos como en Luisiana, donde los agentes del ICE han roto ventanas para abrir puertas y sacar a la gente de sus domicilios.

La activista expone que, si bien no ha sido suficiente la ayuda de los consulados mexicanos para atender a los inmigrantes, la red consular mexicana en esa nación es una de las mejores. “México es uno de los países que está brindando una de las mejores respuestas a sus connacionales en Estados Unidos”.

Concretamente dijo que a través de los consulados ha sido posible enviar a los centros de detención abogados para que hablen con los mexicanos y se han implementado talleres para que la gente conozca sus derechos y cada familia tenga claro un plan de acción en caso de requerirlo ante la detención de alguno de sus integrantes.

Organizaciones civiles salen al quite

Ante el escenario de constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, quienes han salido a su auxilio son las organizaciones civiles.

En opinión de Fabiola Mancilla esas agrupaciones están realizando un papel muy importante de articulación de ayuda.

“La gente tiene miedo de acudir a una autoridad, por ello se acercan a las organizaciones civiles y éstas son las que se están encargando de canalizarlos a donde puedan ser auxiliados.

Destaca que, si bien las organizaciones civiles son un brazo fuerte de resistencia, también están siendo perseguidas

Además, subraya que el discurso polarizante que viene desde el presidente Donald Trump, ha permeado en diferentes estratos de la sociedad.

Jueces de migración son presionados por el gobierno

Por otra parte, Jorge Mario Cabrera llama la atención en que, debido a que los magistrados de las cortes de migración son parte del gobierno, todo el sistema de aplicación de leyes de inmigración se lleva a cabo por personas que pueden ser reemplazadas por la administración del presidente Donald Trump.

Destaca que en lo que va del gobierno del presidente Trump, han sido despedidos cientos de jueces por considerar que emitían resoluciones positivas para los inmigrantes.

Por ello, el activista asegura que las cortes se han convertido en una puerta falsa para los inmigrantes, sobre todo porque algunos que acudieron a sus citas fueron arrestados.

No todo es negativo

Pese al panorama poco optimista en el que viven las comunidades migrantes en Estados Unidos, para Fabiola Mancilla también han ocurrido cosas positivas, por ejemplo, el reconocimiento de su identidad de las nuevas generaciones de inmigrantes en Estados Unidos.

Anteriormente los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres inmigrantes no se reconocían como mexicanos. Hoy están siendo conscientes de la vulnerabilidad que también ellos están enfrentando y se están solidarizando con la comunidad inmigrante sin documentos.

En ese contexto Fabiola Mancilla Castillo, le preguntó a Balam ¿qué sigue?

Él le respondió resistir. Sabe que esta embestida no es la primera ni será la última de este gobierno.

El chiapaneco dice que la resistencia es lo que los ha forjado, adaptándose a un lugar donde las costumbres y lengua son distintas y que la alianza comunitaria será la clave para la sobrevivencia.