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Política

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INE muestra su desacuerdo con iniciativa para investigar "narcocandidatos"

"El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política", afirmó la consejera presidenta del INE.

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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.Foto EE: Eric Lugo

Maritza Pérez

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, mostró su desacuerdo con la propuesta de crear una comisión para investigar "narcocandidatos", pues alertó que este organismo no puede convertirse en "juez y parte" de la contienda, y al obligarlo a verificar candidaturas lo colocaría en el centro de la disputa, vulnerando su neutralidad.

"El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia.

"Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes", lanzó en conferencia de prensa donde presentó un posicionamiento sobre la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

No obstante, la titular del INE reconoció que ante la eventual discusión en el Congreso de esta iniciativa, los legisladores deben delimitar perfectamente las facultades institucionales de este instituto.

"Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones", expuso.

Y es que insistió que el INE es una autoridad "estrictamente" administrativa, más no es un órgano ministerial ni judicial.

"La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.

"Son estas instancias, y solo ellas, las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un "riesgo razonable"", enfatizó.

Finalmente, dijo reconocer que el combate a cualquier intento de infiltración del crimen organizado en los procesos electorales no es tarea de una sola institución; "es una responsabilidad compartida de todas las autoridades que integramos el Estado mexicano".

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