La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la multa de 119.8 millones de pesos que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido del Trabajo (PT) por la triangulación ilegal de recursos públicos a través de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi).   

El TEPJF determinó como indebida la triangulación de recursos entre un ente prohibido y miembros del Partido del Trabajo (PT), ya que entre el 2015 y 2017, la directora general de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) hizo diversos depósitos a un directivo del PT por aproximadamente 60 millones de pesos. A su vez, ese directivo depositó esos recursos en la cuenta de otra persona vinculada al partido político.

En noviembre de 2017, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra del PT, por considerar que el partido denunciado violó diversas normas electorales en materia de fiscalización.

El PRI se quejó, esencialmente, de que el gobierno de Nuevo León le transfirió dinero al PT para la construcción y operación de diversos Cendi. El PT recibió los recursos económicos en cuentas particulares y el PRI sostuvo que le hizo diversos depósitos a personas con vínculos estrechos con dicho partido.

El 3 de septiembre de 2021 el INE declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización e impuso, como sanción, una reducción de las ministraciones mensuales del PT, relativas a su financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 119 millones 870,694 pesos, al determinarse que el partido actor no rechazó aportaciones por ente prohibido.

El PT impugnó la sanción ante la Sala Superior y, por unanimidad y a propuesta de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, se confirmó la sanción impuesta, así como las vistas aprobadas por el Consejo General del INE.

El TEPJF dijo que quedó acreditada la triangulación indebida de recursos públicos por parte del PT. Por tanto, independientemente si se demuestra o no el destino final de los recursos públicos, debe confirmarse la sanción con la intención de inhibir ese tipo de prácticas que desnaturalizan la función principal de los partidos políticos.

kg