El traslado de reos de un penal a otro debe ser autorizado por un juez, aun en el ámbito militar, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la sesión celebrada este miércoles, los ministros que componen la Primera Sala del Máximo Tribunal, a propuesta del ministro José Ramón Cossío Díaz, concedieron un amparo a dos militares únicamente en lo que se refiere a la orden de traslado de éstos de un centro de mínima seguridad a uno de máxima.

Ello, debido a que si bien dicha orden fue formulada por la autoridad facultada por la ley que rige ese fuero, en este caso, el director general de justicia militar, lo cierto es que la orden en cuestión no fue autorizada por el juez militar que instruyó el proceso penal, argumentó la Primera Sala.

Cuando se está ante un delito de delincuencia organizada, como en este caso, la orden de traslado de un procesado o sentenciado, incluso en el fuero militar, podrá realizarse a un centro de máxima seguridad siempre y cuando el juez que ejecutó la sentencia lo haya autorizado previamente.

La autorización del traslado deberá estar debidamente fundada y motivada. El salvoconducto deberá exponer motivos racionales sobre por qué no es posible mantener la prisión preventiva en el lugar donde se instruye la causa penal.

La Primera Sala enfatizó que es obligación del juzgador tomar las medidas necesarias para garantizar la defensa adecuada de los procesados que estén en prisión preventiva fuera del lugar donde se está desarrollando el juicio, es decir, se debe garantizar que tengan la posibilidad real de contradecir las pruebas de cargo y argumentar lo que a su derecho convenga, tal y como si estuviesen recluidos en el lugar del juicio.

La Primera Sala concedió un amparo para efectos, es decir que se otorgó para que la autoridad responsable deje infundados los oficios que contienen la orden de traslado de los quejosos y, de haber sido trasladados, los regrese a la prisión militar donde se encontraban.

Si la autoridad insiste en ordenar dicho traslado, deberá acudir ante el juez militar para que éste autorice la citada orden, actos que deberán cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación.

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