El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el argumento de inconstitucionalidad en el proceso legislativo de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada por el Congreso de la Unión en octubre del año pasado.

Aun cuando una mayoría de seis ministros votó favor del proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán sobre las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y una minoría del Senado de la República contra la ley de remuneraciones , no se consiguió la mayoría calificada de ocho votos para invalidar una norma.

Durante la sesión de este jueves, se discutió el quinto apartado del proyecto sobre presuntas violaciones en el proceso legislativo de la aprobación de la ley. Sin embargo, cinco ministros consideraron que los argumentos son improcedentes.

La ley establece que ningún servidor debe percibir un salario superior al del presidente de la República, es decir, unos 108,000 pesos, además de que no se concederán pensiones o jubilaciones que no se encuentren dentro de la ley o por contrato colectivo.

Sin embargo, la CNDH considera que la aprobación de la norma transgrede la autonomía presupuestaria y afecta el principio de división de poderes.

El ministro Pérez Dayán argumentó que transcurrieron más de seis años para que la ley se aprobara, desconociendo que durante ese periodo se aprobaron reformas constitucionales que impactan en los ordenamientos.

Destacó que la inobservancia a lo dispuesto en la Constitución federal y al Reglamento de la Cámara de Diputados provocó la emisión de una ley que no es congruente con el marco constitucional vigente.

Sus planteamientos fueron apoyados por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz, Fernando Franco, Eduardo Medina, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo. Estuvieron en contra, las ministras Norma Lucía Piña, Lucía Esquivel y los ministros Javier Laynez, Juan Luis González y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

El próximo lunes, el pleno de la SCJN analizará si se cometieron omisiones legislativas en el proceso de aprobar la ley que impliquen su invalidez.

En caso de que no se alcance la votación necesaria para invalidar todo el decreto, se entraría al análisis de los argumentos formulados respecto de artículos que no fueron sobreseídos.

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