Del 2013 y hasta septiembre del 2020, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede) inició 118 carpetas de investigación por denuncias de violencia política por razón de género. Sin embargo, en ningún caso se habían registrado sentencias.

De acuerdo con el oficio FGR/UTAG/DG/003225/2020, de las 118 carpetas, la Fede se abstuvo de investigar en 45 expedientes y declaró incompetencia en razón de la materia en otros 45.

El informe contenido en la Plataforma Nacional de Transparencia refiere que la Fede —dependiente de la Fiscalía General de la República— determinó en 15 casos acumular el expediente de denuncia; dos carpetas más se mandaron al archivo temporal.

En otros cuatro expedientes se determinó el No Ejercicio de la Acción Penal (NEAP) y en uno más se declaró sobreseimiento (falta de pruebas).

En tanto que cuatro carpetas se encontraban en trámite, mientras que dos más habían sido judicializadas.

“Se tiene registro de 118 carpetas iniciadas sobre violencia política por razón de género y ninguna sentencia”, admitió la Fede en el oficio emitido.

Caso Dávila

Adriana Dávila, diputada federal del PAN, es uno de los casos más recientes de denuncia de una mujer por violencia política de género al ser llamada por el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) “bocona”, en el marco de sus denuncias para visibilizar la trata de personas.

El 4 de octubre del 2019, el diputado Fernández Noroña acudió a una reunión en el Congreso de Tlaxcala donde dijo: “Me comentan que hay una diputada (Adriana Dávila), que fue senadora, y que está vinculada a este tema (denunciar la trata de personas) y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.

Ante estas declaraciones, la diputada Dávila presentó una denuncia ante la Fede, un procedimiento ante el Comité de Ética de la Cámara Baja y un recurso ante la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, mismo que recayó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La denuncia ante la Fiscalía no prosperó, mientras que el procedimiento de ética se limitó a un diálogo entre los dos legisladores.

Por su parte, el TEPJF avaló un resolutivo del INE y ordenó al diputado Gerardo Fernández ofrecer a la brevedad una disculpa pública, ya que consideró que sus comentarios constituyeron violencia política de género, debido a que se trata de un funcionario público.

El legislador, se resolvió, también deberá acudir a cursos de sensibilización y derechos político-electorales.

“Son luchas que tenemos que ir dando (...) Yo estoy segura de que este tipo de resoluciones dará a otras mujeres la posibilidad en este país de defenderse, de no permitir que nadie nos lastime (...) Nos ha costado muchísimo trabajo ir avanzando en nuestros derechos y hoy más que nunca vivimos no sólo violencia política, sino personal”, dijo la diputada a El Economista.

Ayer, en redes sociales, Fernández Noroña expuso: “Ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre del 2019. Esta nueva disculpa pública va acompañada del reconocimiento de la responsabilidad y el alcance de mis palabras y el error político de mis expresiones”.

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