Eliminar la obligación del Estado de garantizar que las niñas y niños aprendan, así como borrar el derecho a la educación inicial, fueron algunos de los “focos rojos” identificados por la organización Mexicanos Primero respecto de la propuesta de reforma educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La organización enlistó diversas observaciones a la iniciativa entregada por el Ejecutivo federal el pasado 12 de diciembre a la Cámara de Diputados en materia educativa, por lo que exhortó a los legisladores a que analicen y modifiquen disposiciones que impidan garantizar el acceso a la educación a cualquier nivel.

La directora ejecutiva de Mexicanos Primero, Jennifer O’Donoghue, aseguró que las reformas hablan de la “impartición de la educación”, más no de aprender, además de que hace referencia a favorecer, más no garantizar la equidad educativa, excelencias de la educación y desempeño académico de los estudiantes.

En ese sentido declaró que no se atiende uno de los problemas más graves del sistema educativo mexicano: la exclusión.

“La iniciativa de López Obrador, para un avance, propone que el Estado aplique una política incluyente. Si bien hace referencia a la diversidad cultural y étnica, así como a las desigualdades sociales, de género y regionales, no hay ninguna mención por los millones de niñas y niños con alguna discapacidad”.

Por otra parte, enfatizó que se pretende eliminar las evaluaciones para el ingreso a la docencia, lo que, dijo, dará paso a la venta de plazas docentes.

“Si quitamos los concursos en ingreso y promoción desde la Constitución, los maestros no tendrían la base legal para ampararse en contra de estas prácticas como la compra de plazas. Nosotros estamos haciendo ese llamado, porque sí necesitamos asegurar que se mejoren las medidas en cuanto a la selección y promoción de los docentes, pero la manera de hacerlo no es quitando la base legal, la protección constitucional”, sentenció.

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de la ONG, David Calderón, agregó la importancia de contar con un organismo autónomo constitucional como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y rechazó que se proponga que la autoridad federal intervenga en las facultades del actual Instituto.

“Se ha dicho, con cierta razón que los consejeros del instituto no supieron hacer valer la autonomía; pero entonces la solución es la exigencia de mayor solidez, no la sustitución por un ente público”, apuntó.

Finalmente propuso realizar una consulta a las niñas, niños y adolescentes para conocer su opinión respecto de las áreas de oportunidad en materia educativa.

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