El Senado de la República le cerró la puerta a los cambios que planteó la Iniciativa Privada (IP) a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero, a pesar de algunas resistencias, aprobó que como parte del combate a la corrupción, los empresarios que reciban recursos públicos presenten sus declaraciones patrimonial y de interés, además de su constancia anual de declaración de impuestos.

Cuando un empresario como persona física o jurídicamente colectiva reciba, bajo cualquier relación legalmente establecida, una contraprestación en especie o en pecuniario, se actualizará la obligación de presentar, bajo la buena fe y presunción de inocencia, las mismas declaraciones que el servidor público.

Así lo avaló el pleno del Senado en votación económica este miércoles por la madrugada. Al aplicarse las mismas reglas que al funcionario, serán públicas las declaraciones.

En la ley que fue turnada a la Cámara de Diputados se añadió que se considere falta de particulares en situación especial las del particular que, estando obligado en términos de la ley a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, omita presentar dichas declaraciones dentro de los plazos previstos en la ley, falte a la veracidad en la presentación de dichas declaraciones con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio, el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, incluyendo el conflicto de intereses.

Manuel Cárdenas Fonseca, senador suplente de Mónica Arriola Gordillo y quien es allegado al PRI, planteó sus reservas al pleno y fue apoyado por el PRI y PRD, con resistencia de algunos panistas.

La construcción de esta reserva se hizo en primera instancia en el PRI. La semana pasada, tras su reunión para definir su posición sobre los temas del periodo extraordinario, senadores de este partido plantearon que para que haya corrupción se necesitan dos partes: empresarios que sobornen y funcionarios que accedan.

Cárdenas Fonseca coincidió con ello, incluso, desde el 13 de junio envió una carta al presidente de la Coparmex, Gustavo de los Hoyos Walther, en la que expone que debe combatir la impunidad y la corrupción provengan de donde provengan y vayan a donde vayan, sea de lo público o del sector privado .

Este planteamiento dividió al PAN, pues algunos consideraron exagerado el punto; no obstante, recordaron que el pasado 12 de abril, el panista Fernando Salazar propuso que se incorporara al proyecto de dictamen el siguiente párrafo:

La obligación de los particulares (cualquier persona física o moral, pública o privada, incluidos fideicomisos, mandatos o figuras jurídicas similares, sindicatos y organizaciones de los sectores sociales y productivos) que haya captado, recaudado, administrado, recibido, manejado, o ejercido recursos públicos de la Federación, entidades federativas, municipios u órganos constitucionales autónomos, de presentar las tres declaraciones que habrán de exigirse a los servidores públicos .

Pero al tiempo en que el Senado le dio más obligaciones a la IP, también le cerró la puerta a este sector al no incluir en la ley los cambios que solicitaron la Coparmex, la Concamin y el CCE.

La cúpula empresarial solicitó 17 modificaciones que le fueron negadas; entre ellas, que la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad respectiva como consecuencia de las faltas administrativas graves de los particulares proceda cuando el tribunal solicite la opinión de la Secretaría de Economía o de la autoridad reguladora de la persona jurídica para evitar afectaciones negativas al mercado o localidad en que la persona moral opere.

Al tratarse de personas morales que formen parte del sistema financiero, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la opinión de la Secretaría de Hacienda para no poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero o derechos de usuarios.

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