Debido al incumpliento del Congreso de la Unión para analizar, aprobar y publicar las leyes secundarias de la reforma laboral constitucional, la Barra Mexicana de Abogados presentó un amparo, porque prácticamente lo que se llegue a aprobar, cae en inconstitucionalidad.

José Mario de la Garza Marroquín, presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, promovió el juicio de amparo indirecto, en el que solicita “el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades que realizaron actos violatorios a los derechos humanos”, referente a la reforma de justicia laboral. 

Abogados laborales consultados comentaron que el Congreso, Senadores y Diputados, hicieron caso omiso del ordenamiento constitucional que indicaba que en un año tendría que iniciar el proceso de cambio en la aplicación de la justicia laboral.

La fecha prevista era el 24 de febrero de 2018; y “parece que no hay interés en revisar las propuestas, lo que procede es que los legisladores busquen aprobar, primero una prórroga, antes de aprobar en comisiones cualquier cambio en la ley federal del trabajo”, dijo Ricardo Martínez Rojas, abogado del despacho De la Vega & Martínez.

Las leyes secundarias que se encuentran en la congeladora en el Congreso deben establecer los criterios bajos los cuales se debe crear e Instituto Federal de Conciliación y Registros Laboral, mismo que debe ser autónomo y cuyo titular debe salir de una terna que haya enviado el presidente de la República.

Asimismo, se contempla que desaparezcan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales, como locales en todo el paìs; sin que hasta la fecha haya un proceso claro de cómo seria su transición. De hecho, el único adelanto lo dio el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, al garantizar que las juntas no desaparecerán en tanto uno terminen con todos los asuntos penitentes.

De acuerdo con Arturo Alcalde, abogado del Observatorio Ciudadano de la Reforma laboral, comentó que “hay varios obstáculos para que la reforma avance, y lo que corresponde es consultar a todos los involucrados para que salga una legislación a la altura de los cambios constitucionales”.

Rojas Martínez por su parte comentó que el proceso legal es que ls legisladores soliciten, al constituyente, una prórroga, pues los legisladores no pueden tomar la determinación sólo de aprobar la reforma, cuando ya se cayó en incumplimiento, “ello obliga a se presente ante todas las legislaturas de los estados para que haya mayoría y se apruebe la prórroga; de lo contrario la leyes secundarias nacerían, serán inconstitucionales”.