Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, es, a la fecha, el único exfuncionario de la empresa estatal investigado penalmente.

Pese a que los directivos de Odebrecht han declarado ante tribunales que son cinco los exfuncionarios inmiscuidos con la constructora, la investigación del caso sólo ha alcanzado a Lozoya Austin.

Resultado de la investigación administrativa por el caso Odebrecht e irregularidades en la adquisición del Grupo Fertinal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 y 15 años y multó por 620 millones de pesos, en mayo del año pasado, a dos altos funcionarios de Pemex durante el gobierno peñista, de quienes no proporcionó sus nombres.

El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, confirmó que su cliente fue uno de ellos, a quien se inhabilitó por 10 años.

La SFP detalló que la inhabilitación por 10 años fue resultado de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas” que, entre otras cosas, detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial; en dos ocasiones, se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

“Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos. Por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”, precisó la dependencia en un comunicado.

Al mes siguiente, en junio, Coello Trejo declaró que el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, debían declarar sobre el caso de presunta corrupción en Pemex.

En noviembre del 2018, la SFP informó de la inhabilitación, también por 10 años para ocupar cargos públicos, de un funcionario de Pemex, cuyo nombre no reveló, a quien impuso además una multa por 8.3 millones de pesos, involucrado en el caso Odebrecht.

La resolución, enfatizó la dependencia, formaba parte de los procedimientos administrativos sancionatorios desahogados como resultado de la investigación iniciada el 2 de diciembre del 2016, respecto a la adjudicación, ejecución y cumplimiento de contratos suscritos entre Odebrecht y sus filiales con Pemex.

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