La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la liberación de siete personas más acusadas por los asesinatos perpetrados el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, con el argumento de que las pruebas que sirvieron para condenarlas estaban viciadas.

Los ministros de la Primera Sala actualizaron el reconocimiento de inocencia, pues luego de la sentencia aparecieron documentos que invalidaron las pruebas en que se fundó el fallo.

La Corte ordenó la inmediata libertad de los promoventes de los recursos, a quienes se les dictó auto de formal prisión por su responsabilidad en el homicidio y lesiones calificadas por los hechos de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, en Chiapas.

Los ministros también llegan a la conclusión de que, al tomarse en cuenta probanzas ilícitas para condenar a estas personas, vulneraron sus derechos constitucionales del debido proceso, suficiente para declarar su liberación.

Como se recordará, en la fecha antes citada, el MP inició una averiguación previa con motivo del aviso telefónico de un policía, en el que informó que en el paraje de Acteal se encontraban varias personas lesionadas y muertas.

Una vez integrada la indagatoria y los procedimientos respectivos, el Juez de Distrito consideró penalmente responsables a los que inconformes con la sentencia interpusieron recurso de apelación , informó la SCJN.

Las personas liberadas argumentaron que la resolución dictada en su contra se sustentó en declaraciones de testigos y en un álbum fotográfico, pruebas que la Primera Sala de la Corte, en diversos amparos, determinó ilícitas.

Los ministros determinaron fundados los presentes reconocimientos de inocencia ya que, de acuerdo con los amparos resueltos, efectivamente, las pruebas carecen de licitud, entre otras razones porque las declaraciones fueron inducidas y viciadas , indicó la SCJN.

POR LA SCJN TRES FALLOS, 36 LIBERADOS

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación, en tres casos por separado, de 36 personas en el caso Acteal.

El 12 de agosto del 2009, la Primera Sala informó del otorgamiento de amparos a 26 quejosos relacionados con los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, en Chiapas, de los cuales 20 quedaron inmediatamente en libertad y en seis casos se ordenó la reposición del procedimiento, con el fin de que se dictara nueva sentencia con las pruebas que no se consideraron ilícitas.

Los ministros argumentaron aquel año que una de las exigencias más importantes para que una prueba fuera admitida es que su obtención no fuera ilícita, ya que si ése era su origen, sus efectos también lo eran y en consecuencia el medio probatorio fuera nulo.

Asimismo, en noviembre del 2009 la Primera Sala amparó a nueve personas, al considerar que sus garantías constitucionales de debido proceso fueron violadas, por lo que decretó su inmediata libertad.

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