La pésima técnica legislativa del Congreso de la Unión en la figura del arraigo creó confusión entre congresos locales sobre sus facultades para legislar en la materia, exhibieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La SCJN inició el estudio de una acción de inconstitucionalidad en la que Aguascalientes busca que se invalide el artículo 291 de la legislación penal estatal que contemplaba el arraigo en caso de delitos graves.

Pese a que dicha disposición fue derogada, el asunto es analizado en la SCJN debido a que permanece en el nuevo código procesal penal local. El proyecto de sentencia, presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán propone que la norma es inconstitucional, pues esta figura sólo aplica en casos de delincuencia organizada, establecidos en el artículo 16 de la ley suprema.

Al cuestionar sobre lo que impera actualmente para esta norma, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo opinó que impera un régimen transitorio establecido en un artículo transitorio, a lo mejor con una pésima técnica legislativa... ¿cómo es posible que en un transitorio se establezca una facultad para las entidades federativas para legislar en materia de arraigo? .

La confusión surgió al momento de redactar el Artículo 11 transitorio de la Constitución, donde puede interpretarse constitucional que los congresos locales regulen la figura de arraigo domiciliario en delitos graves, en tanto que entra en vigor el sistema penal acusatorio que vence en el 2016.

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