El Gobierno de la Ciudad de México publicó el acuerdo que precisa las obligaciones y prohibiciones para los funcionarios de la Administración Pública capitalina y delegados, durante el proceso electoral de este año.

El ordenamiento, publicado en la Gaceta Oficial capitalina y que entró en vigor este lunes, refiere que los funcionarios no podrán aplicar o destinar recursos públicos materiales, humanos y financieros a cualquier actividad distinta a la que se encuentren destinados.

También están impedidos a promover la imagen política o social de servidores públicos, así como utilizar o condicionar programas, planes y presupuestos públicos de la Ciudad de México con fines electorales.

Además, durante las campañas electorales no podrán utilizar ni aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía, salvo en casos de desastres naturales y protección civil, como sucede con el Programa Integral de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

Además, los servidores públicos tendrán prohibido intercambiar recursos públicos por votos o permitir la utilización, de manera ilegal, de sitios de Internet y redes sociales institucionales que tenga a su disposición.

Solicitar o autorizar permisos para ausentarse del trabajo, con el objeto de participar en eventos proselitistas, ameritará descuentos y se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa.

Asimismo, se prohíbe coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas y solicitarles por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un aspirante a candidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política.

salvador.corona@eleconomista.mx