El Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC), elegido por el Senado de la República para recomendar los perfiles idóneos para la nueva Fiscalía Anticorrupción, claudicó de sus funciones este miércoles mediante una nota de prensa en la cual se reprocha a la Cámara Alta que incumplió su obligación constitucional en el nombramiento del nuevo fiscal.

En un comunicado firmado por los cinco integrantes se precisó que desde el 2014 el Senado adquirió la responsabilidad de nombrar al fiscal que ocuparía la titularidad de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, esto derivado de la reforma político-electoral aprobada el 10 de febrero del mismo año.

En referencia a su trabajo, los especialistas reiteraron que se adhirieron al proceso del nombramiento del nuevo fiscal en octubre del 2016, cuando las comisiones unidas de Anticorrupción y de Justicia y Participación Ciudadana convocaron a las comparecencias públicas de los candidatos a la nueva Fiscalía.

Unos meses después, en marzo, se presentó el informe sobre la idoneidad de los candidatos a fiscal y en donde se recomendaron cuatro perfiles, además de las cédulas de evaluación. Estos documentos se entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el panista Fernando Herrera Ávila.

Un día después de que se entregaron las actas, las comisiones unidas del Senado entregaron a su vez los expedientes de los 23 candidatos a fiscal a la Jucopo, no obstante, ni las observaciones, ni los expedientes fueron presentados ante el pleno de la Cámara Alta.

Los integrantes del Comité de Acompañamiento se reunieron en un par de ocasiones con Herrera Ávila, la última, el pasado 17 abril, cuando entregamos un comunicado en el cual se apremiaba a que ese órgano legislativo diera certeza y procediera al nombramiento del fiscal anticorrupción, dando puntual explicación pública de los plazos, los procedimientos y los criterios de selección , afirmaron.

La principal consecuencia que trae la falta de nombramiento, indicaron los especialistas, es la dilación en la entrada en vigor de los lineamientos que se endurecieron en el Código Penal Federal, en materia de sanciones por delitos de corrupción a funcionarios públicos. Esto significaría que habrá de afectar de forma directa a casos como el del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, al cual, alertaron, se le sancionará con las estipulaciones del Código Penal anterior, que son menos severas.

A esto se suman las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ha argumentado que no puede pronunciarse por la apertura o desclasificación de información relativa a hechos de corrupción dado que el fiscal no ha sido nombrado y el Código Penal Federal no es vigente en la materia , alertaron.

El órgano lo integraban Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Issa Luna, Fernando Nieto, Cristina Puga, Juan Carlo Sánchez y Luis Carlos Ugalde.

Por otro lado, el PAN en el Senado señaló que no cederá ante presiones ciudadanas o políticas para nombrar al Fiscal Anticorrupción.