La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que debido a malas prácticas de administraciones anteriores, fueron recuperados 1,479 millones 935,473 pesos del Servicio de Protección Federal, además de que ordenaron inhabilitar al exdirector general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal, por omisión y deficiencia en el servicio público.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal, iniciada con información de auditorías, detectó adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del año 2015 por 10.8 millones de pesos, y de Prevención y Readaptación Social (PRS) de los años 2016 y 2017, por 865.2 millones de pesos.

Por lo que se ordenó la recuperación de los adeudos a favor de la Tesorería de la Federación (Tesofe), no sólo por los años auditados, sino también por los ejercicios fiscales 2018 y 2019, por 603.4 millones de pesos.

Asimismo, se dijo que las dependencias no reconocían los adeudos debido a que, “por malas prácticas de administraciones anteriores, no se formalizaron los contratos que debieron haber suscrito con el Servicio de Protección Federal, por lo que el OIC promovió la implementación de un protocolo administrativo para que no se presente esa situación de nueva cuenta y que los recursos adeudados fueran restituidos a la Tesofe”.

Se recordó que actualmente, al Servicio de Protección Federal se le ha encomendado la tarea de brindar el servicio de seguridad a todas las instalaciones de la Administración Pública Federal, los cuales antes eran destinados a empresas privadas de seguridad.

En tanto, también se informó que a raíz de la investigación en este sector, se encontró una omisión y una deficiencia en el desarrollo de funciones del ex director general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal en la pasada administración, al no realizar las acciones legales correspondientes para recuperar esos adeudos, por lo que se le impuso la sanción de inhabilitación de un año, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de ocurrir los hechos.