La Secretaría de Educación Pública (SEP) no cumplió, el año pasado, con la ley y las normas aplicables para garantizar que los recursos del Programa Nacional de Inglés (PRONI) se ejercieran de manera correcta, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De la muestra auditada por 731 millones 975,700 pesos (cifra que representa 92.8% del total, 789 millones 24,100 pesos) destinado a dicho programa y cuyo dinero transfirió a las entidades federativas, la dependencia tiene pendiente de comprobar o reintegrar un monto por 594 millones 826,800 pesos.

Las recuperaciones probables ascienden a 605 millones 478,600 pesos.

La auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-11100-02-0152 152-DS, practicada por el máximo ente fiscalizador del país para verificar que el presupuesto del PRONI se ejerció, aplicó y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, reveló, entre otras irregularidades, lo siguiente: Ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión que impiden a la SEP contar con la garantía de que los recursos del Programa Nacional de Inglés que transfiere la Dirección General de Desarrollo Curricular a las entidades federativas para su ejercicio se encuentran comprobados con los documentos que acrediten fehacientemente su ejercicio en los conceptos de gasto autorizados en las Reglas de Operación, ya que únicamente proporcionó los informes físico financieros, los Convenios Marco y los recibos emitidos por las entidades federativas correspondientes a la recepción de los recursos .

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se detectaron también deficiencias en las Reglas de Operación porque no se mencionan los requisitos que deberán cubrir los asesores externos que impartirán las clases del idioma inglés ni los plazos para que las tesorerías estatales transfieran los recursos a la autoridad educativa local.

Además de que se identificó que el ejercicio de los recursos no se realiza con base en las necesidades reales de cada una de las entidades federativas debido a que éstas se encuentran limitadas para ejercer los recursos según los montos máximos autorizados y, además, no se comprobaron los mecanismos de supervisión a cargo de la SEP para constatar la correcta aplicación de los recursos.

Tras la visita que personal de la ASF realizó a la delegación de la SEP en Nuevo León, se verificó que no se proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por un importe de 10 millones 651,800 pesos.

Se comprobó también que existen contratos personales celebrados con 1,454 asesores externos especializados sin que éstos cuenten con las firmas de autorización correspondientes y no se acreditó que la contratación realizada, al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, para la certificación de asesores y alumnos, se encuentre sustentada en la respectiva investigación de mercado.

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