La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el cierre de 23 de los 24 procedimientos administrativos que se aperturaron a causa del socavón que se abrió el 12 de julio del 2017 en la carretera México-Cuernavaca y por el cual murieron dos personas.

Mediante un comunicado, la dependencia federal anunció este jueves que se sancionó al funcionario cuyo cargo era residente de obra y al encargado de la residencia general de la misma con un año de suspensión.

Cabe señalar que, de acuerdo con el marco legal vigente, las suspensiones a servidores públicos consisten en retirarlos de su encargo hasta que el periodo de sanción que se les dictaminó termine; una vez cumplido, cabe la posibilidad de que regresen a sus funciones, mientras que cuando se trata de inhabilitación casi siempre se acompaña de la destitución como tal del funcionario.

“Con estas sanciones suman 23 procedimientos administrativos en los que la SFP ha sancionado a un total de nueve servidores públicos”, comunicó la dependencia.

El 5 de julio pasado, la institución a cargo de Arely Gómez González informó sobre sanciones aplicadas a siete funcionarios públicos adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a uno de la Comisión Nacional del Agua, derivado de la fuga que se registró en un tubo de drenaje ubicado a aproximadamente 14 metros de donde se abrió el socavón y la cual las autoridades en la materia no tomaron en consideración.

Y es que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, dos de las empresas que ganaron la licitación de la obra advirtieron en un par de ocasiones al director general de la SCT Morelos en aquel entonces, José Luis Alarcón Ezeta —quien fue destituido de su encargo un día después de haberse suscitados los hechos—, de la necesidad de reforzar el tubo de drenaje por el cual se abrió el hoyo en el asfalto.

La fuentes consultadas, las cuales solicitaron mantenerse en anonimato, precisaron que la obra del Paso Exprés “mantuvo irregularidades desde su inicio”.

Una de las primeras anomalías que se encontraron en la investigación es que la obra no contaba con un proyecto ejecutivo legalmente avalado por la SCT e incluso cuando se buscó tener acceso al mismo hubo dilación por parte de la dependencia federal para otorgarlo.

Esta anomalía se suma otras encontradas, como sobreprecios en los insumos para la construcción de la obra, falta de peritajes confiables y pagos en exceso.

Con respecto a los recursos públicos erogados en la obra, por lo que se sabe hasta el momento en las investigaciones hubo un supuesto desvío de recursos, aunque, precisaron las fuentes consultadas, aún los montos están por definirse junto al procedimiento de sanción que está pendiente de resolver y que se encuentra en la etapa de substanciación.