El Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones que permitan ejercer sus funciones con mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, sin comprometer su autonomía e independencia.

Para ello, se instruyó a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que elaboren los respectivos proyectos de presupuestos de egresos para el ejercicio 2019, los cuales deberán someterse a la aprobación de los plenos.

Durante la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reconoció que el país enfrenta retos en lo económico, en lo político y en lo social “y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos”.

En ese sentido indicó que la reorientación del gasto deberá basarse en tres directrices: revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, a fin de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios como la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario y equipamiento en general.

La segunda directriz es revisar la política en materia de servicios al personal para disminuir gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.

Mientras que la tercera es profundizar en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se han instrumentado en los últimos años, que no impida cumplir con las obligaciones que imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia federal en beneficio de la población.

Aguilar Morales indicó que al tomar estas acciones, se logrará un ahorro importante que podría ser reorientado conforme a las directrices y valoraciones que hagan los Poderes de la Unión competentes.

Analizarán Ley de seguridad

El pleno de la SCJN analizará durante el segundo periodo de sesiones la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, informó el ministro presidente Luis María Aguilar Morales.

“El pleno estará en posibilidad de resolver asuntos de alta relevancia (...) como son las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, relativa a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior”, anotó.

Además, lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad 15 y sus acumuladas del 2017, respecto de la validez de lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México.

En el tema de transparencia, indicó que el pleno conocerá y resolverá los amparos en revisión sobre la facultad del órgano garante nacional para calificar si determinados hechos constituyen violaciones graves de derechos humanos.

Conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN tendrá cada año dos periodos de sesiones, el segundo comienza el primer día hábil del mes de agosto.