La Auditoría Superior de la Federación (ASF) localizó posibles irregularidades que alcanzarían 68 millones de pesos en la Policía Federal (PF), debido a la falta de comprobación en el servicio de hospedaje y alimentación para elementos de esa corporación policiaca así como de la Gendarmería.

Cabe destacar que el año pasado la Policía Federal enfrentó una crisis con hoteleros de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otros estados debido a la falta de pago para el alojamiento de elementos policiacos. Tan sólo en Guerrero en el 2016 se adeudaban 32 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. En su revisión a la Cuenta Pública 2015, la Auditoría precisó que al 31 de diciembre de ese año la Policía Federal presentó adeudos con dos prestadores de servicios por 1 millón 267,569 pesos .

En ese marco, en su revisión a la Cuenta Pública 2015, la ASF mencionó que la PF cuenta con el Manual para el Otorgamiento y Comprobación de Pasajes y Viáticos Nacionales e Internacionales para la Policía Federal Preventiva, pero éste no está actualizado, lo que le impide un manejo eficiente de los recursos para viáticos y alimentos de la tropa.

La Auditoría indicó contar con evidencia documental de pagos en hoteles y alimentación por 68 millones 5,800 pesos, que caerían en posibles irregularidades, aunque la PF tiene 30 días para solventar las observaciones de la ASF.

No obstante, la mencionó que los 68 millones de pesos observados al gasto de la PF en el 2015 son por el cargo de servicios no prestados de hospedaje y alimentación; por la falta de cancelación oportuna de esos mismos servicios en cursos y eventos de la Policía Federal y la Gendarmería; por la falta de evidencia documental de las solicitudes de servicios, y por la entrega de viáticos no comprobados.

Por esos motivos, la Auditoría Superior pidió a la PF que garantice la comprobación en los procedimientos de adjudicación para la contratación de servicios de hospedaje y alimentación asociados con los programas de seguridad pública y nacional.

Verificar que los pagos efectuados a los prestadores de servicios se realizaron conforme a las condiciones pactadas en los instrumentos jurídicos contractuales (y que éstos) correspondan con las tarifas autorizadas por la normativa .