La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la existencia de irregularidades cometidas durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

En Washington, DC, Estados Unidos, sede del organismo multilateral, los comisionados presentaron el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa (MESA), en el cual se indica la falta de investigación asociada con la línea de participación del Ejército, Policía Federal, las policías municipales y las autoridades estatales.

La relatora para México, la comisionada Esmeralda Arosamenta de Troitiño, exhibió que casi cuatro años después del crimen las investigaciones continúan fragmentadas y muchas diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente.

La relatora para México destacó la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, hecha pública el 4 de junio y mediante la cual se ordenó que se realizara nuevamente la investigación.

Es de recordar que el Tribunal ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que estaría conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.

“Lo valioso hoy del Estado mexicano es que su sistema judicial alcanza hoy una sentencia que (...) debo reconocer como trascendente, en el reconocimiento del sistema judicial mexicano de la necesidad de reconducir una investigación (...) para obtener lo que las víctimas exigen”, opinó Esmeralda Arosamenta de Troitiño.

“Nuestro llamado al Estado mexicano es que ponga en marcha el cumplimiento de esta sentencia”, solicitó la comisionada Arosamenta de Troitiño.

Al tomar la palabra, Luis Ernesto Vargas Silva, integrante del MESA, indicó que dicha sentencia descarta la llamada “verdad histórica” —teoría que giraba en torno a que los jóvenes fueron asesinados y luego incinerados en un basurero de Cocula. Expresó que clasificaciones de este tipo son eufemismos creados para distorsionar, en el fondo, los hechos.

“A más de tres años de ocurridos los hechos, el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido”, señaló la CIDH a través del trabajo. “El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, refirió el organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos.

A través del reporte, la CIDH solicitó que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y dar seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional y las diligencias que se realicen con base en dicha información.

Vargas Silva hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre los hornos crematorios de la región, para profundizar en este hecho o descartar la versión.

La CIDH anunció que continuará dando seguimiento a las investigaciones realizadas sobre las denuncias de tortura, las acusaciones de ocultamiento de pruebas, así como el presunto intento de infección de malware a distintas personas defensoras de derechos humanos vinculados al caso.

La relatora para México mencionó dentro de los pendientes la existencia de averiguaciones bajo el tipo penal de desaparición forzada. La Comisión destacó la necesidad de que se analice la magnitud de los hechos ocurridos de manera integral y unificada. Lo anterior, a fin de fortalecer una nueva hipótesis sustentada en pruebas objetivas, lo cual es clave para la verdad y justicia.

El Informe de Balance se publicó a un año de seguimiento a las recomendaciones de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocados para coadyuvar en el caso Iguala.

Este recuento incluye las acciones realizadas por el Estado mexicano que pueden contribuir en el esclarecimiento de los hechos en materia de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, en investigación, así como acciones para la atención a víctimas y familiares.