Hasta el 24 de noviembre pasado, 14 entidades de la República alcanzaron el objetivo de armonizar sus leyes locales con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 16 estados más mantenían un avance de más de 50%, mientras que sólo dos; Tlaxcala y Chihuahua mantenían rezagos de casi 100%, de acuerdo con datos del SNA.

Chihuahua, que aprobó su reforma constitucional para la creación de su Sistema Local Anticorrupción, el pasado 30 de agosto, aún mantiene cuatro de las siete leyes secundarias del Sistema Local pendientes de aprobación; se trata de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Estatal, la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la reforma al Código Penal de la entidad.

Por su parte, Tlaxcala, además de la reforma constitucional que aprobó el 18 de julio, el Congreso local ha autorizado cinco de las siete leyes, mismas que están calificadas como deficientes al no apegarse a las reformas federales, mientras que dos más; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios están pendientes de aprobación.

En materia de nombramientos, aún falta que los Congresos locales de 30 de las 32 entidades del país aprueben un total de 242 puestos, entre los que destaca el nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) —órganos de vinculación ciudadana y rectores de los sistemas locales— en 21 estados.

“Había un plazo de un año desde que se hicieron las reformas de las leyes secundarias para que las entidades federativas hicieran los cambios correspondientes; sólo 10 entidades cumplieron en tiempo y forma en julio de este año con esta armonización. Esto no quiere decir que esta armonización haya cumplido con todos los criterios de calidad normativa”, afirmó Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.

La académica ejemplificó, en entrevista, el Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, el cual se encuentra impugnado hasta la fecha debido a que en las reformas aprobadas se incluyeron conceptos contrarios a la propia Constitución local.

En septiembre, asambleístas de Morena e independientes promovieron tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo relativo al nombramiento del secretario técnico del sistema y del fiscal anticorrupción capitalino.

Para Max Kaiser, director del área anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad los avances en los Sistemas Locales Anticorrupción, así como en el SNA se deben medir en cuatro vertientes: legal, construcción institucional, reformas penales y nombramientos faltantes.

A nivel federal, en el plano legal, señaló Kaiser, “se encuentra listo en la mayoría de sus vertientes”, en la construcción institucional se va más lento, en tanto que en lo penal, con la falta de reforma a la ley Fiscalía General de la República y los nombramientos es donde se va más retrasado.

En las entidades, agregó el directivo de la ONG, se va “relativamente bien” en lo legal, esto en comparación con otros procesos de armonización legal que se han dado en el país.

“En el plano legal, insisto, relativo a otros procesos no vamos tan mal, ahora ahí, aún hay mucha chamba que hacer porque varios estados tienen que derogar sus leyes de responsabilidades para apegarse a la Ley General”, enfatizó.

Hasta el 24 de noviembre sólo dos estados, Coahuila y Tamaulipas, habían aprobado la totalidad de los nombramientos así como las siete leyes secundarias.

El estado de Veracruz destaca por lo lento del proceso de construcción de su Sistema Local, pues además de sus 16 nombramientos faltantes, entre los que se incluye al Comité de Selección, al Comité de Participación, al fiscal anticorrupción y al titular de la judicatura estatal, aún debe armonizar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Max Kaiser opinó que, en el marco del proceso electoral 2017-2018, una de las maneras de impulsar los cambios a las leyes locales, así como los nombramientos faltantes a nivel federal y estatal, será condicionar el voto de los ciudadanos a cambio de la aprobación de las leyes.

“Lo hemos visto una y otra vez en los últimos años en este país, cuando les ponemos sobre la mesa a la clase política mi voto a cambio de que resuelvas este tema, lo resuelve, eso es lo que más les importa, entonces dependen de nosotros”, indicó.

NO HAY UN BOICOT CONTRA EL SNA: PERRILLIAT

En el marco de la realización de la Jornada Conmemorativa de la Discapacidad, el Combate a la Corrupción y los Derechos Humanos, el secretario técnico del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, afirmó que hay “un retraso” tanto en lo local como en lo federal en lo concerniente a la construcción de los sistemas, mas no un posible boicot como afirmara este lunes Lourdes Morales.

“Un retraso sí, pero no un boicot. Como he dicho en alguna ocasión, los nombramientos les corresponden al Senado de la República, no le corresponden al Ejecutivo”, dijo.

Por su parte, la presidenta del CPC, Jacqueline Peschard, destacó, en el mismo evento, que en la actualidad la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha empezado a cumplir la función de medir con datos precisos a la corrupción; no obstante, la procuración de justicia sigue siendo un tema pendiente, pues menos de 1% de los casos denunciados por la ASF son investigados.

EL DATO

Transparencia Internacional emitió este martes 10 principios para que las empresas del Estado puedan identificar y combatir la corrupción en su interior.

En dichos principios destacan la creación de un programa anticorrupción al interior de las organizaciones,  así como rendir cuentas a través de mecanismos de transparencia y divulgación de la información.

La ONG también señaló que se debe poner énfasis en la observación del nombramiento de políticos y funcionarios en el Consejo de Administración, o puestos ejecutivos de la empresa. (Héctor Molina)