Entrevista a Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Electoral Federal

En vísperas de que Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), concluya el encargo, aseguró que dejará “una casa ordenada” y sin rezago en las investigaciones.

“El próximo fiscal se va a encontrar una Fepade que abatió el rezago, que tiene un modelo de gestión e investigación del (nuevo) sistema acusatorio (...) vamos a entregar una casa ordenada”, dijo en entrevista.

Nosotros, refirió, recibimos la Fepade con 8,000 asuntos y de éstos fueron 3,700 más que tuvimos con el proceso electoral (2018), son casi 12,000; hasta ahorita hemos resuelto 6,000 que es el doble de lo que históricamente la fiscalía ha resuelto.

Pero ojo, acotó, muchas de las denuncias que teníamos aquí ya estaban prescritas, tuvimos dos denuncias del año 2003, teníamos denuncias 2008, 2002, 2010 y los delitos electorales antes no eran graves.

El próximo fiscal, dijo Díaz Santana, va a “encontrar una fiscalía ordenada en sus procesos de investigación y le dejamos una propuesta de reforma penal electoral que busca que se tengan mejores herramientas para investigar y también una propuesta de un modelo de gestión para una investigación mucho más eficiente”.

El actual fiscal, que dejará la dependencia el 30 de noviembre, precisó que la principal propuesta es que la Fepade tenga sus propios policías, peritos, analistas de información y herramientas de investigación científica.

Lo anterior ya que en la actualidad deben solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) facilite el personal para realizar las indagatorias.

De acuerdo con el Documento Ejecutivo para Fortalecer el Funcionamiento de la Fepade, elaborado por la dependencia este mes, uno de los retos en materia legislativa a enfrentar es la ausencia de tipificación expresa en conductas que afectan los procesos electorales.

Entre éstas destacan el recoger copias de credenciales con fines de control del voto; conductas ilícitas de aspirantes a candidaturas independientes y de su equipo de campaña; violencia política por razón de género; falta de sanción a personas jurídicas que cometen delitos electorales, y ausencia de regulación de los periodos de inter-campañas, entre otros.

En este sentido explicó que no están considerados como delitos graves el lavado de dinero con fines electorales o el financiamiento ilícito de partidos políticos y campañas, así como el canalizar recursos públicos en apoyo a partidos o candidatos.

En relación al caso Odebrecht, Héctor Díaz Santana aseguró que dejará al próximo fiscal electoral “una investigación que ha cumplido con sus etapas procesales, llevamos avances”.

Aunque por razón de la secrecía de la indagatoria se negó a revelar el sentido de los avances; dijo que por “las formas y los mecanismos se requiere una investigación muy a fondo en el área nacional e internacional (...) se requieren lo que le llaman asistencias jurídicas internacionales de información de otros países”.

Es un asunto, precisó, de una relevancia mayor y que cada una de las etapas de la investigación tiene que cumplir con un protocolo establecido por la ley, y eso es lo que estamos haciendo.