Tras una prolongada sesión este miércoles en la que se discutieron las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, la Cámara de Diputados cerró su periodo extraordinario de sesiones y decidió pasar para el próximo periodo ordinario (de febrero) la discusión sobre aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

“Esta presidencia informa a la asamblea que se siguen construyendo los acuerdos y entendimientos entre los grupos parlamentarios para llevar a buen término la discusión y aprobación del proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa”.

“Se ha acordado que el asunto en mención se agende en el siguiente periodo de sesiones ordinarias”, comunicó la presidenta de la Cámara Baja en turno, Dolores Padierna.

Ayer, al dar inicio el periodo de sesiones extraordinarias, que duró unas 10 horas, se dio trámite de publicidad al dictamen que reforma el Artículo 19 constitucional en el que se pretende incluir, como meritorios de prisión preventiva, los delitos de robo de hidrocarburos, corrupción y delitos electorales.

Para que el dictamen entre en vigor necesita ser aprobado por dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario a realizarse entre el 1 de febrero y el 30 de abril, además de ser ratificado por al menos 17 congresos estatales, lo anterior debido a que se trata de una reforma a la Carta Magna.

En los transitorios del dictamen, que se discutirá en el pleno de San Lázaro, se precisa que las nuevas tipificaciones, en caso de transitar de manera positiva el camino antes descrito, entrarán en vigor una vez que se realice el nombramiento del nuevo fiscal general de la República, que, cabe mencionar, formó parte de las prioridades del periodo extraordinario en el Senado.

En el dictamen se indica que la prisión preventiva para los ilícitos señalados deberá evaluarse para determinar su continuidad pasados cinco años de su entrada en vigor bajo los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el sistema de justicia penal acusatorio, mediante informes generados por el gobierno y entidades.

En un principio, el dictamen de reforma turnado por parte del Senado a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja pretendía tipificar un total de nueve delitos con prisión, no obstante, en la comisión de San Lázaro se realizó la modificación para que sean sólo tres los ilícitos incluidos bajo dicha modalidad que, cabe destacar, ha sido señalada por organismos como violatoria del debido proceso y de los derechos humanos.