Lectura 2:00 min
PGR rechaza recomendación sobre indígenas
La CNDH concluyó que los funcionarios de la procuraduría violaron los derechos de "legalidad" y de "seguridad jurídica" de Alberta Alcántara y Teresa González.
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia informó que la PGR no aceptó la recomendación que documentaba violaciones a los derechos de las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González.
Actualmente ambas mujeres purgan una condena de 21 años por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en el estado de Querétaro.
En respuesta a la petición del Senado, el ombudsman sostuvo que en 2009 analizaron el caso, detectando una integración irregular de la averiguación previa y un desempeño deficiente del agente del Ministerio Público federal y de los elementos de la AFI involucrados.
Por lo que la CNDH concluyó que los funcionarios violaron los derechos de "legalidad" y de "seguridad jurídica" de las mujeres de la etnia ñhañhú.
En consecuencia, señaló, el 17 de julio de 2009 la CNDH emitió la recomendación 47-2009 dirigida al procurador General de la República, para que iniciara un proceso de investigación en contra del funcionario del Ministerio Público y de los agentes federales por diversos actos y omisiones que afectan a las acusadas.
Plascencia Villanueva señaló que también se pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, iniciar una investigación previa contra dichos funcionarios de la PGR.
Pero el 20 de agosto del año pasado, dijo, la PGR respondió que no aceptaba la recomendación argumentando que los hechos narrados eran falsos y que la CNDH no tiene competencia en el asunto por ser "una cuestión jurisdiccional".
Explicó que además la PGR argumentó que la CNDH había invadido las esfera de competencia del Ministerio Público federal.
La Procuraduría también se negó a proporcionar los datos para la localización de los agentes, aludiendo que la legislación penal establece que sólo pueden ser citados a declarar por medio de su superior jerárquico.
El ombudsman nacional recordó que la PGR desechó la recomendación a pesar de que reconoció la falta de careos entre los acusadores y las procesadas, además de admitir que no acusaría a Jacinta Francisco Marcial por no contar con pruebas en su contra, por lo que finalmente fue liberada.
/doch
