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PAN y PRI presenta propuestas anticorrupción
Acción Nacional propuso la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, y el tricolor planteó penalidades contra funcionarios que cometan delitos de uso indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho o ejercicio indebido de funciones.
El PAN y PRI en el Senado presentaron sus propuestas anticorrupción y antisobornos. Acción Nacional propuso la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, y el tricolor planteó penalidades contra funcionarios que cometan delitos de uso indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho o ejercicio indebido de funciones.
Los servidores públicos deshonestos, integrantes de los Poderes de la Unión, de los poderes públicos de los estados, de los municipios y de los órganos constitucionales autónomos que se desvíen de la noble tarea del servicio público deben ser sometidos a juicio y recibir castigos ejemplares , dijo el senador del PAN, Ricardo García Cervantes.
Su iniciativa, apoyada por senadores del PRD y PRI, plantea establecer en la Constitución la creación de una Fiscalía Nacional contra la Corrupción que sea independiente al poder político, dotada de autonomía orgánica de gestión y presupuestaria, así como de personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar el combate eficaz de este flagelo.
Por su parte, al presentar la iniciativa del PRI, el senador Raúl Mejía González dijo que uno de los aspectos que más limitan el crecimiento económico es la corrupción.
Propuso reformas penales para elevar las condenas consistentes en multas o prisión en aquellos delitos cometidos en contra del servicio público, como uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros.
Contempla facultades para la Secretaría de la Función Pública para contralor interno o del titular del área de responsabilidades, para imponer las sanciones prescriban en seis o diez, dependiendo en todo caso de la gravedad de la falta imputada.
Indudablemente todo acto de corrupción entre particulares y funcionarios públicos debe ser penalizado, tanto en el interior de nuestro país, como en el ámbito internacional; pero, no obstante lo anterior, y a pesar de que México ha suscrito convenciones internacionales en contra de la corrupción pública y privada, nuestra legislación no ha sido adaptada para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos , dijo Raúl Mejía.
jmonroy@eleconomista.com.mx
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