A fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal y de seguridad pública, el secretario de Gobernación deberá comparecer dos veces al año ante las comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública de las cámaras de Diputados y de Senadores, y ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión.

Los funcionarios federales vinculados al tema de seguridad nacional deberán presentarse también ante los diputados federales y los senadores cuando lo estimen conveniente.

Las reformas a la Constitución que están por aprobarse en la Cámara de Diputados consisten en precisar lo anterior en el Artículo 93.

Promovida por el Partido Acción Nacional, la enmienda legal refiere que en cualquier Estado democrático las políticas y acciones vinculadas con la seguridad deben estar sujetas al control, seguimiento y evaluación del Poder Legislativo federal.

En México, esta función es desempeñada por las comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación, en virtud de las facultades conferidas a esta Secretaría (de Gobernación) en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobadas en diciembre del 2012; además de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional , cita el proyecto.

Y es que si bien la última reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal incorporó en la fracción XII del artículo 27 la obligación del secretario de Gobernación de comparecer ante las comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación, para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o modifique, en el 2013 los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional interpusieron un acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez del cambio, misma que procedió.

De ahí que las reformas que establecen que los nombramientos de los mandos de seguridad tienen que ser ratificados por la Cámara de Senadores y obligan al secretario de Gobernación a comparecer cada seis meses, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los panistas consideran que el Congreso fue despojado de la facultad, que ya tenía por ley, de ejercer sus funciones de control y seguimiento legislativo en el tema de mayor importancia para los mexicanos, que es la seguridad, y de ahí que ahora se pretenda establecer dicha obligación para garantizar su cumplimiento.

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