La exsecretaria de Estado, Rosario Robles, propuso a la Fiscalía General de la República (FGR) admitir actos de omisión durante la celebración de convenios supuestamente irregulares con universidades públicas, así como aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito y pagar una multa de 5,000 pesos.

Este es el segundo ofrecimiento que hace Robles a la FGR en el caso denominado como la Estafa Maestra, operación que implicó la firma irregular —durante su gestión— de 27 convenios con universidades públicas que causaron un daño patrimonial por 5,073 millones de pesos. Por esta situación, la fiscalía solicitó 21 años de prisión en su contra.

El primer ofrecimiento que hizo Rosario Robles fue declararse culpable con una pena mínima y sin reparación del daño. Sin embargo, la FGR analizó la propuesta e informó al juez de control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, que no cumplía los requisitos de procedibilidad para la negociación dentro de la causa penal 314/2019.

El juez Villar Ceballos ordenó a las dos partes dialogar ampliamente sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo resarcitorio, y fijó una audiencia intermedia para el próximo 26 de marzo donde se presentarán los resultados de esa negociación.

Epigmenio Mendieta, abogado de la inculpada, será el encargado de notificar al juez de la segunda propuesta de su cliente a la FGR, instancia que a su vez deberá evaluar si da marcha atrás en su intención de imponer 21 años de cárcel contra la extitular de Sedesol y Sedatu a cambio de seis años de cárcel, una fianza de 5,000 pesos y admita el acto de omisión.

En una audiencia el pasado viernes, Rosario Robles dijo al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que está en la cárcel debido a que se le “inventó” una credencial de elector, porque no se le permitió cambiar la medida cautelar a libertad provisional y acceder a un criterio de oportunidad como su excolaborador, Emilio Zebadúa, así como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

También argumentó que se le acusa de un delito no grave (omisión) y se le pretende obligar a la reparación del daño por 5,073 millones de pesos, a pesar de  haber un sobreseimiento en su favor.

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