Representantes de organizaciones civiles advirtieron que seguirán alzando la voz contra Arturo Escobar, ex subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues no quieren que regrese al servicio público.

Los representantes de Incide Social y México Unido contra la Delincuencia, organizaciones que son parte de una coalición en contra de Arturo Escobar, reprobaron que un juez federal haya negado la orden de aprensión al ex subsecretario, fallo que pone en duda que en México gobierne la ley.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, María Enriqueta Cepeda, directora de la organización Incide Social, reprochó incluso la que llamó campaña de desprestigio contra el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto.

Reprobamos tajantemente dicha campaña de desprestigio que busca influir en el proceso penal que se sigue contra el partido político que más ha violado la ley electoral en la historia de nuestro país y que actualmente suma sanciones administrativas por casi 600 millones de pesos , dijo.

Respaldada por las senadoras Layda ?Sansores y Martha Tagle, Cepeda expuso que es un logro histórico de la Fepade el que se haya iniciado un proceso contra Escobar y advirtió que Nieto no tiene conflicto de interés al haber asesorado a legisladores del PRD en materia político-electoral, pues los expertos siempre son buscados por los legisladores para que los aconsejen en reformas.

Alfredo Peña, de México Unido contra la Delincuencia, dijo que la campaña ilegal del Partido Verde Ecologista de México en las elecciones del 2015 pasará a la historia como el momento en que un competidor se burló de los poderes públicos y decidió irse por la libre sin importar los daños que causaría a nuestra de por sí golpeada democracia .

Paola Contreras, de Incide Social, precisó que la entrega de las Tarjetas Platino es uno de los 28 asuntos que tiene el PVEM durante este proceso electoral que ya fueron sancionados administrativamente por violar disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Las ONG exigieron que se dé continuidad al juicio contra Escobar por la probable comisión de delitos electorales que incluyeron la compra y distribución de 10,000 tarjetas de descuento Premio Platino, utilizadas como medio de coacción de voto.

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