La Jueza Décimo Primera de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Rosa María Cervantes Mejía, negó la orden de aprehensión en contra del ex subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega.

La jueza consideró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no aportó los elementos probatorios de la presunta responsabilidad de Escobar en la comisión de delitos electorales cuando fue vocero y secretario de procesos electorales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante el pasado proceso electoral federal.

Tras esa resolución, el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, convocó a un mensaje a medios para dar respuesta a esta decisión judicial. Sin embargo, después de dos cambios de horario, canceló el mensaje. Se dijo que sería a través de un comunicado de prensa donde la Fepade expresaría su posicionamiento, pero al cierre de esta edición no había sido emitido.

De acuerdo con un análisis jurídico del caso, la negativa de la orden de aprehensión por la jueza, así como la hipotética confirmación del tribunal de apelación, no constituyen sentencia definitiva que ponga fin al juicio, es decir, no se traduce en la absolución del inculpado, únicamente forma parte de una etapa del proceso penal, ya que tampoco se trata de una sentencia definitiva, por lo que aún subsistiría la facultad del Ministerio Público para solicitar la captura del inculpado.

A partir de la decisión de la jueza Rosa María Cervantes, la Fepade puede acumular nuevamente pruebas en contra de Escobar y ponerlas a disposición para solicitar la orden de aprehensión por delitos correlacionados, en virtud de que el juez consideró que la fiscalía no justificó que Escobar haya firmado contratos ilegales para la adquisición de 10,000 tarjetas Premia Platino, con las empresas Proyectos Juveniles y Multiservicios, en virtud de que éstas no se encontraban dentro del registro de proveedores del INE. Se prevé que la misma resolución se aplique para Luisa María Robles y María Guadalupe Robles Ponce, apoderadas de Proyectos Juveniles SA de CV, así como de Ramiro Quintero Robles, representante de Multiservicios Juveniles SA de CV, y Pablo Oliver Robles, representante legal de Cards & System Solutions SA de CV, para quienes la Fepade también había solicitado orden de aprehensión.

No hay denuncia en la SFP

Sobre este caso, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dijo que la dependencia a su cargo sólo investigará el supuesto conflicto de interés del titular de la Fepade en caso de que haya una denuncia que se presente. Tras un evento por el Día Internacional contra la Corrupción, Andrade Martínez dijo que ha seguido el caso judicial contra Escobar; sin embargo, indicó, sólo puede actuar con base en una denuncia.

No ha habido ninguna denuncia por este caso. Todos sabemos que el debate de los servidores públicos siempre es el debate entre cuestiones de ética y de legalidad, y en ese sentido si llega a haber alguna denuncia o alguna situación al respecto, la atenderemos como cualquier otra denuncia que se recibe en este tipo de casos .

Como ha pasado en otras ocasiones y como ha pasado en situaciones vinculadas con este tema, solamente el análisis y el detalle específico nos permitirían hacer un pronunciamiento cuando esto llegue a suceder, previa denuncia formulada . Fuentes de la Fiscalía confirmaron que ese órgano presentará un recurso de inconformidad contra de la decisión de la juzgadora.

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